“No respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y me atacan jurídicamente, políticamente y mediáticamente”, dijo el exmandatario boliviano, acusado de sostener una relación sentimental con una menor durante su mandato.
De acuerdo con la investigación, el expresidente podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016.
A pesar del fallo del Tribunal Supremo Electoral que valida a Grover García como el presidente del MAS-IPSP, el expresidente señaló que participaría en los comicios “con sigla prestada o regalada, eso no es problema”.
El organismo constitucional boliviano dictó este viernes un fallo que señala que la reelección de autoridades en el país es por una sola vez de forma continua o discontinua, por lo que el exmandatario estaría impedido para ser candidato a la Presidencia en 2025.
El expresidente de Bolivia se mantiene en huelga de hambre y este domingo se cumplen 22 días de bloqueos en las carreteras, que han provocado desabastecimiento de alimentos frescos y combustible en algunas ciudades del país.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló durante la noche del sábado que ya habían logrado desbloquear las rutas desde Cochabamba hacia el oeste del país, tras más de 20 días de bloqueos por adherentes del líder cocalero.
El organismo llamó al país a adoptar medidas para garantizar la vida de las personas que han resultado retenidas por los adherentes de Evo Morales y pidió a los líderes políticos pronunciarse por los violentos hechos.
El gobierno de Luis Arce ha cifrado en 1.700 millones de dólares las pérdidas causadas por los bloqueos propiciados por los adherentes del exmandatario.
La medida, según detalló el exmandatario, tiene como fin evitar un "derramamiento de sangre", después de que se hayan intensificado los enfrentamientos entre sus adherentes y las fuerzas de seguridad, con la toma incluida de tres cuarteles militares, según informó durante este viernes el presidente Luis Arce.
"La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria”, afirmó el mandatario boliviano.
El regimiento Cacique Juan Maraza en Cochabamba fue tomado por al menos unas 2.000 personas adherentes al exmandatario Evo Morales.
El presidente Luis Arce exigió el fin de las manifestaciones y que de lo contrario "ejercerá sus facultades constitucionales para cautelar el interés del pueblo boliviano”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no descartan ninguna medida para recobrar la normalidad y “liberar a Cochabamba del secuestro”.
El vehículo de Morales se habría topado con un control instalado en una carretera del municipio de Villa Tunari, huyó y entonces el equipo de seguridad del exmandatario respondió con disparos la persecución policial.
El expresidente boliviano aseguró haber sido víctima de un intento de asesinato cuando el vehículo en el que circulaba recibió 14 disparos. Mientras Arce ordenó “una inmediata y minuciosa investigación”, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, instó a los cocaleros a proteger a Morales y sacarlo del país.
