"Más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos”, indicó el otrora persecutor.
10 oct 2024 09:24 PM
"Más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos”, indicó el otrora persecutor.
La acción judicial contra el exfiscal Regional Oriente Manuel Guerra se presentó por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, tras conocerse conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla -imputado por delitos de corrupción-, donde se revela que ambos se habrían coordinado para darle una salida al Caso Penta. Hermosilla, por su parte, es imputado de soborno en la misma acción judicial.
La portavoz de gobierno, además, mencionó que en las conversaciones son "reiterativos los nombres que aparecen, tanto del exfiscal Guerra como de Hermosilla y Andrés Chadwick”.
Quien fuera el jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional analiza el actual escenario delictual del país. Critica la “respuesta tardía” de las autoridades y asegura que el Ministerio Público venía alertando desde 2017 del cambio en los mercados ilícitos y no fue oído.
A Cristián Muñoz Pérez se le le acusa de haber recibido un vehículo en forma de pago por hacerse parte de gestiones judiciales y también por revelar a un socio la concurrencia de la PDI en el marco de una investigación por drogas. Se fijaron 90 días para la investigación.
Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declara admisible una querella de capítulos presentada en contra del expersecutor Cristián Muñoz, por hechos que habrían ocurrido en 2022.
La denuncia la hizo el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, quien aseguró que el supuesto complot fue ejecutado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el expresidente del Tribunal Supremo, José Leonidas Bustos, “con la intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente colombiano, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el exfiscal general Jesús Murillo, de 74 años, será juzgado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Jesús Murillo estuvo a cargo de la fiscalía de 2012 a 2015, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, cuando encabezó la muy cuestionada primera indagatoria sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas y puso al descubierto el grado de colusión entre autoridades y criminales. Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los alumnos habían sido incinerados en un basurero y que el exfuncionario sentenció como una “verdad histórica”.
La entidad le negaba una indemnización que pedía por sus últimos cuatro años de servicio liderando la Fiscalía Nacio nal Económica (FNE), cargo que dejó en agosto de 2018.
Exfiscal hará llegar a un grupo de parlamentarios una propuesta para ser incluida en la tramitación de la ley, que hoy se encuentra en comisión mixta.