Los exuniformados asumieron su responsabilidad de lo que ocurrió en Antioquia, en lo que fue un escándalo entre 2002 y 2006 durante el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando se descubrió que se premiaba a militares a cambio de matar civiles y hacerles pasar por guerrilleros. Un excomandante confesó: “Todo el que vestía de blanco o negro era guerrillero y tenía que morir. No nos contaban capturas. La orden era asesinarlos”.
La Secretaría de Derechos Humanos de esa nación indicó que la sentencia la dictó un tribunal federal que investigó crímenes durante la dictadura militar, relacionados con el secuestro entre 1976 y 1977 de cuatro personas que después fueron torturadas y finalmente trasladadas al Río de la Plata, en Buenos Aires, donde fueron arrojadas.
El Mandatario hizo la declaración en medio de la suspensión por tercer día consecutivo de sus actividades presenciales tras haberse sentido mal por la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19. De hecho, desde presidencia explicaron que el Mandatario sufre un cuadro de virosis y congestión nasal.
La canciller y vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, solicitó al gobierno de Haití brindar garantías a los colombianos detenidos en su país y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A la vez, la Defensoría del Pueblo de ese país entregó un informe a la OEA y a la Cancillería colombiana, en el que advirtió que los detenidos están en condiciones de hacinamiento, aislados e incomunicados desde su arresto y permanecen esposados en un “un corredor con un baño contiguo” que mide aproximadamente seis metros de largo por dos metros de ancho y al que no entra la luz del sol. Además, los presos duermen en el piso, comen dos veces al día y tienen un acceso limitado al agua.
