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El senador Baldo Prokurica y la diputada Paulina Núñez enviaron una carta a la Mandataria solicitando terminar con los beneficios.

Los documentos, a los que tuvo acceso La Tercera, serían parte de la información que daría cuenta de las situaciones irregulares que posibilitaron la entrega de compensaciones a personas que no calificaban como exonerados.

José Zalaquett, abogado y miembro de la Comisión Rettig, cree que la legislación abrió la puerta al clientelismo, al poner a personeros políticos como garantes de la condición de exonerado de los requirientes. Y sostiene que la única fórmula para solucionar el problema es un entendimiento de todos los sectores políticos

El IPS iniciará el proceso de suspensión de pagos para "falsos" exonerados. Interior, por su parte, pedirá ampliación de querella presentada hace un año y pedirá a la Contraloría que especifique cómo proceder ante casos prescritos.

La senadora aseveró que el gobierno y los partidos oficialistas han actuado con "irresponsabilidad" frente al caso.

La ministra dijo que el gobierno "no hace juicios de valor" respecto de si parlamentarios deben o no seguir haciendo uso del beneficio. Y recalcó que La Moneda "está enfocada en buscar responsabilidades de quienes defraudaron al Fisco".

El DC Jorge Pizarro dijo que "se tiene que evaluar" la petición de algunos senadores del bloque de analizar una querella por injurias y calumnias contra la ministra, luego que aseverara que el programa de exonerados fue "una máquina creada para defraudar".

Los cuestionamientos iniciales apuntaron a que ley de 1998 permitió ampliar los criterios para acceder al reconocimiento. En medio de la polémica de hace cinco años, el abogado de DD.HH. José Zalaquett dijo entonces que "se han pasado casos dudosos".

Los parlamentarios detallaron que el proyecto se suma a otras iniciativas y no descartaron la posibilidad de volver a pedir una comisión investigadora.

La ministra del Trabajo apuntó como una de las responsables del caso a la ex coordinadora nacional del programa de reconocimiento al exonerado político, Marta Joignant, a quien calificó de "amiga" de la ex presidenta Bachelet.

Patricio Melero y Carlos Larraín cuestionaron además la calificación de movimientos como el MIR, MAPU, y los partidos PS y el PC como empresas para gozar de beneficios.

Cecilia Pérez dijo que "nosotros dimos cuenta de esta anomalía a la Contraloría, recién tuvimos el dictamen la semana pasada y ahora tenemos la tranquilidad de que contamos con herramientas jurídicas para poder poner término a estas pensiones que fueron un decreto de amarre político".

El ex ministro aseveró que pudieron haber "errores" o "irregularidades administrativas", pero no delitos. Además descartó que el caso afecte la candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

La ministra del Trabajo manifestó que "creo que el daño al fisco es tan grande que ellos debieran renunciar, debieran dar un paso al costado".