Los puntos que entrampan se relacionan con los tributos para gravar a los sectores de mayores recursos. Uno de ellos es la fórmula que el gobierno analiza para los Fondos de Inversión Privada.
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La distribución de ingresos no sería suficiente para generar cambios, por lo que la iniciativa anunciada por el Presidente debería complementarse con una inyección de recursos por parte del Estado o por nuevos mecanismos de recaudación, plantean los entendidos. La Asociación Chilena de Municipalidades coincide en que deben existir más recursos.
Los tributaristas señalaron que si se desecha la reintegración, la tasa final se acercaría al 50%, lo que afectaría la inversión. Asimismo, piden que más allá de los cambios se simplifique el sistema impositivo.
De mantenerse el sistema actual, también entregan las alternativas para su perfeccionamiento.
Desde el Ejecutivo esperan que, en las subsiguientes reuniones, los expertos realicen un diagnóstico del proyecto de adaptabilidad laboral, y presenten sus principales inquietudes.
De acuerdo con el INE, la minería creció 5,3%, mientras que la manufactura cayó 1,5%.
Superintendencia del sector trabaja en un indicador que regule las alzas de precios de las isapres. No obstante, la iniciativa genera debate entre parlamentarios y académicos, quienes argumentan que "lo único que va a hacer es legitimar la ineficiencia del sistema y aumentar cada año el costo de la salud".
Ese escenario se daría si los problemas de producción de petróleo en Arabia Saudita duran más de un mes.
Los economistas Gonzalo Sanhueza y Ricardo Paredes entregaron su visión crítica sobre la forma y el fondo de la discusión.
Rodrigo Valdés dijo que pasar a una jornada de 40 horas hará subir en 11% los costos laborales.
Hay argumentos a favor y en contra de si reducir la jornada laboral es o no iniciativa exclusiva del Presidente.
Varios analistas comparten que el Banco Central debió bajar la tasa el jueves.
Un buen recibimiento tuvieron entre los abogados los cambios que realizó el gobierno a su emblemático proyecto, que se encamina a cumplir un año de tramitación. El único punto, hasta ahora, que despierta visiones enfrentadas, es el rol que tendrá la nueva Defensoría del Contribuyente.
Además, existe una debilidad en la capacidad de acción de las instituciones públicas, situación que es severa en los municipios y gobiernos regionales, lo que se expresa en atrasos normativos y problemas de gestión, entre otros.
Creen que esta propuesta es mejor que la planteada inicialmente por el gobierno, aunque hay reparos. Apuntan que sueldos de consejeros serían bajos.
