Debido al incidente que dejó 35 heridos de diversa gravedad, la comunidad escolar sigue recuperándose, con actividades voluntarias y un retorno progresivo. Mientras, las autoridades continúan investigando sobre los responsables: este lunes la Comisión de Educación realizó una sesión extraordinaria para analizar los hechos, a la que no llegaron los ministros Cataldo (Educación) y Aguilera (Salud). Y aunque ambos se excusaron, solo el primero envió un representante.
La autoridad de Educación indicó que, debido a que no son sostenedores del recinto, el ministerio no tiene responsabilidad directa de la tragedia y que esta recae en "aquellos adultos que están directamente vinculados al cuidado de los estudiantes".
En reportes previos, el Minsal había informado que 21 estudiantes permanecían internados. Sin embargo, esta jornada uno de ellos obtuvo el alta médica.
La cartera informó que 21 personas aún permanecen hospitalizadas con lesiones de distinta consideración. Por su lado, el recinto educacional comunicó que las clases continuarán suspendidas.
Según la información entregada por la cartera, no se han reportado alumnos fallecidos a causa de la explosión.
Dos de los sospechosos se encuentran bajo custodia policial, mientras que una tercera acusada aún está prófuga.
Del total que continúa bajo hospitalización, hay seis que se encuentran en estado crítico.
Del total de 35 alumnos heridos inicialmente, son 22 los que continúan hospitalizados.
El ministro de Educación ha estado monitoreando la situación junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y en contacto con las familias para brindar el apoyo necesario.
La emergencia logró ser controlada rápidamente y provocó la asistencia de cinco unidades especializadas de Bomberos al sitio.
Desde el ministerio señalaron que un joven se encuentran en estado de "extrema gravedad", mientras que cinco personas están en "estado crítico".
En la querella el municipio solicita la asignación de una fiscal especializada en investigaciones relacionadas con encapuchados.
Desde su fundación en 1902, el Internado Nacional Barros Arana ha sido un pilar de la educación pública en Chile, formando a destacados líderes y profesionales. Sin embargo, tras más de un siglo de historia, el liceo enfrenta una realidad muy distinta, con una alarmante crisis de matrícula y la violencia en su interior, la que tuvo su episodio más trágico el pasado miércoles cuando más de 30 alumnos resultaron quemados.
La cartera señaló que durante las últimas horas, solo dos menores han sido dados de alta, mientras que otros 23 se mantienen hospitalizados por la gravedad de sus lesiones.
“Lo sucedido en el INBA es gravísimo, es un desastre que pone en evidencia la falta de control y seguridad al interior del establecimiento”, indicó la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, quien responsabilizó además a la alcaldesa Irací Hassler por no aplicar el programa “Aula Segura”.
