El texto sobre el monto que se pagará de indemnización frente a una expropiación, así como la oportunidad del pago, volverá a la comisión de Derechos Fundamentales para que se le hagan cambios. Los convencionales también devolvieron todo lo relativo a derecho colectivo indígena, a sus tierras y territorios.
Entre los abogados consultados, si bien la mayoría estuvo de acuerdo con las modificaciones con las cuales el articulado pasó al pleno en materia de expropiación y bienes incorporales, uno considera que lo establecido sigue siendo un retroceso versus lo actual. Entre los gremios, los reparos se mantienen, al igual que entre los convencionales de derecha. En tanto, los de centroizquierda celebran el avance de su visión y propuesta.
Se despachó el articulado de derecho a propiedad, mayoritariamente con las modificaciones presentadas por los colectivos de centroizquierda. En tanto, los convencionales de Vamos por Chile vieron rechazadas más de 50 de sus indicaciones. Otro cambio fue que se eliminó la referencia a los bienes incorporales asociada a su protección cuando lo determine la ley.
Las modificaciones que se proponen a la iniciativa que avanzó, de Independientes No Neutrales y del Frente Amplio, apuntan principalmente a diferencias respecto a bienes inmateriales, expropiación y límites y función de la propiedad. Convencionales de todos los sectores presentaron indicaciones.
Chile Vamos -que en la instancia de la Convención Constitucional vio rechazada todas sus iniciativas en la materia- y la Sofofa consideran que no se establecen certezas jurídicas en la expropiación, lo que podría conducir a procesos como los liderados por Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. En tanto, quienes apoyaron la norma dicen que esta viene a corregir “una sobrerreacción” frente a esos temores, en la Constitución actual.
Las iniciativas presentadas por la derecha y la de Pueblo Constituyente fueron rechazadas por la Comisión de Derechos Fundamentales, mientras que la de Movimientos Sociales Constituyentes y la del Colectivo Socialista fueron retiradas por sus autores.
La Comisión de Derechos Fundamentales se pronunciará en general sobre ocho iniciativas relativas al tema, donde además se incluye una relativa a la propiedad indígena.
Desde Sonami y el Consejo Minero reaccionaron a la moción. En tanto, constituyentes llaman a la calma, en consideración de que esto sólo abre la discusión sobre la minería y que hay otras normas que abordan el asunto y no plantean una nacionalización inmediata.
La candidata socialdemócrata para liderar el próximo gobierno de la ciudad-estado de Berlín, Franziska Giffey, aseguró que respetará el resultado favorable de la consulta para expropiar 240.000 viviendas, aunque reiteró su postura contraria a una medida así.
Desde que se aprobó la Ley Indígena en 1993, el conflicto del Estado con las comunidades era muy distinto al actual. Han pasado 28 años, pero la ley sigue intacta. Por eso todos los expertos dicen que el sistema está saturado y hay que buscar otros caminos. Algunos apuntan a la Convención Constitucional, a un cambio global de enfoque, a compensaciones económicas e incluso al uso de la expropiación por causa de interés nacional como una salida a esta crisis.
Eso sí, el mandatario recalcó que sigue dispuesto a buscar una solución alternativa.
El juez Fabián Lorenzini, mediante una resolución, restituyó este viernes el destino de Vicentin en las manos del directorio nombrado por la empresa. Luego del revés, y con la presión del sector privado, el mandatario argentino descartó la idea.
Se trata de un revés para el gobierno de Alberto Fernández, cuyos interventores ahora quedan relegados como veedores.
La agroexportadora es considerada una empresa estratégica, dado el destacado rol que tiene el sector como fuente de dólares para el país.
Prevaleció el criterio de la Comisión de Constitución respecto a que la redacción abría la puerta a que el Estado realizara acciones contra las empresas de este rubro. El proyecto pasó a segundo trámite al Senado.
