44 de estas personas serán trasladadas vía terrestre hasta sus países de origen, Perú y Bolivia, mientras el resto lo hará vía aérea hasta Colombia, Venezuela y República Dominicana. No podrán ingresar al país en 10 años.
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Las expulsiones administrativas y judiciales, en tanto, disminuyeron un 33%. Entre enero y agosto se han concretado 842 de estas medidas.
A fines de marzo, 14 menores de edad tuvieron que despedirse de su progenitor. Se trata de ciudadanos extranjeros deportados por tener antecedentes penales. Sus familias dan cuenta del drama que esto les significa. El gobierno asegura que las situaciones se ponderan caso a caso y que siempre se ha actuado "ajustado al derecho".
De ese total, más de la mitad -$1.578.331.875- fue destinado al pago de los escoltas que concretan las órdenes de salida del país. Esto, pese a que las cifras en ese caso sólo se reportan desde hace poco más de dos años.
Astrid es peruana y está en Chile desde hace 12 años. Tiene un pujante emprendimiento en Valdivia y vive con sus dos hijas chilenas de 13 y 7 años. Hoy pesa sobre ella una orden de expulsión por una infracción a la ley de drogas que ya pagó con pena remitida y en la que vio envuelta por culpa de su padre.
Las imágenes de bombas molotov, calles cortadas y estudiantes vestidos con overoles blancos interrumpiendo las clases del Liceo de Aplicación se volvieron algo común. Seis alumnos ya fueron expulsados y, con el proyecto de ley anunciado esta semana, ese número podría aumentar.
