Pese a que desde hace dos meses que rige un estado de emergencia impuesto en la capital peruana, las cifras de extorsiones y asesinatos no bajan. En 9 de los 13 lugares bajo la medida las cifras incluso han empeorado, lo que llevó a transportistas a pedir la renuncia del sexto ministro del Interior que ha tenido Dina Boluarte en menos de dos años de gobierno.
Según explicaron desde la institución, el sujeto realizaba cobros a privados de libertad.
Desde la PDI advirtieron sobre esta nueva modalidad delicitiva, en la cual se contacta a la víctima a su celular ofreciéndole un trabajo a través de la red social. Los delincuentes prometen pagos por ver videos diarios, pero luego comienzan a exigir "impuestos" vinculados a esta labor que superan las ganancias iniciales y amenazan con "consecuencias" de no cumplir.
De acuerdo con información policial, las víctimas fueron secuestradas a las 04.00 am del día 14 de febrero desde su domicilio en Las Cabras. Permanecieron al menos 12 horas en cautiverio en un departamento de Estación Central y posteriormente fueron abandonadas en Quilicura.
Según detalló la PDI, los antisociales, a través de mensajes de Whatsapp o de manera presencial, solicitaban dinero a comerciantes a cambio de otorgar servicios de protección y que pudieran seguir trabajando en el lugar. De lo contrario, amenazaban con incendiar los inmuebles y efectuaban disparos desde un vehículo robado para amedrentar.
El cabo segundo y el suboficial pertenecientes a la Novena Comisaría de Independencia fueron formalizados por el delito de cohecho. Según el testimonio de la víctima, llevaban cerca de ocho meses cobrándole por "no fiscalizarla".
Según fuentes del caso, los imputados -que fueron aprehendidos por detectives de la PDI- exigían dinero al dueño de un local para no cursarle multas ni fiscalizarlo.
Anoche el presidente Noboa declaró estado de excepción en el país, mientras el líder de la banda Los Choneros -cuya fuga desató una ola de violencia- es intensamente buscado por más de 3 mil policías.
La acción habría sido realizada por integrantes de la Jauría de Trujillo, grupo criminal que tiene su origen en Perú. “Le voy a volar su cabeza a quien esté a cargo de la casa", dice la misiva.
Sujetos, que serían de nacionalidad venezolana, pidieron $100 millones a los dueños de los locales. De no pagar la suma amenazaron con atacar a los trabajadores y sus familias.
Varios migrantes comentaron que funcionarios mexicanos en la ciudad de Nuevo Laredo, los habían amenazado con detenerlos y hacerlos perder sus citaciones a menos que les dieran dinero. Grupos humanitarios señalaron que notificaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. de los problemas y que algunos grupos controlan el acceso al cruce internacional en el lado mexicano.
Se trata de uno de los códigos maliciosos de mayor crecimiento en el mundo, donde un hacker captura los computadores de una empresa u organización y luego pide un rescate.
Medios estatales de ese país han agudizado sus críticas al presidente estadounidense.
