El asesinato de tres choferes de transporte público ante el no pago de extorsiones generó una ola de indignación en el sector que podría desembocar en una ley sobre “terrorismo urbano”. Mientras el Ejecutivo instauró un estado de emergencia en Lima y llamó a discutirlo de forma inmediata, el Parlamento anunció que se tratará esta semana.
La Brigada de Cibercrimen Metropolitana publicó explicó cuál es el modo en que operan los ciberdelicuentes para cometer delitos de extorsión y estafa. Por medio de videollamadas o llamadas de voz, las personas que atienden pueden ser víctimas de montaje de contenidos de adultos o de un cobro revertido al número telefónico.
"Hay un pequeño incremento en relación a eso", dijo el subprefecto Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico). Durante la madrugada, desconocidos balearon dos locales comerciales en calle Toro Mazote. Previamente, los antisociales habían pedido una alta suma de dinero.
Detención se concretó en un operativo esta mañana en las comunidades José María Toro y We Mapu. Fiscalía señala que estos delitos serían un método de "financiamiento de grupos violentistas".
El método quedó al descubierto tras el hallazgo de tres cuerpos enterrados en Curacaví. Como ha podido establecer el Ministerio Público, bandas de venezolanos estarían capturando a sus compatriotas que no cumplen con el pago de cuotas que les exigen para delinquir. En el caso de una de las víctimas encontradas durante la jornada del jueves en el sector del Túnel Lo Prado, se habría negado a pagar 100 millones de pesos por su liberación. Recibió dos disparos en la cabeza y el video de lo ocurrido fue enviado a la mujer que denunció su desaparición.
Fernando Guzmán, titular del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, llegó este 19 de septiembre al penal que alberga a imputados en prisión preventiva. El motivo era hacer seguimiento a lo advertido por él a fines de junio, cuando en una "visita sorpresiva" constató graves vejámenes protagonizados por extranjeros, quienes piden a familiares de internos dinero a cambio de no hacerles daño al interior del penal. Si bien volvió a advertir falencias en la segregación de la población penal, esta vez las autoridades de Justicia, Interior y el Ministerio Público comprometieron medidas concretas para combatir el crimen organizado en los recintos del país.
