La iniciativa obedece a la crisis de seguridad registrada en el país, que solo el fin de semana pasado dejó 18 víctimas fatales. Esto, en una serie de hechos policiales que incluyen la muerte de cinco personas en una balacera en Lampa, por la cual fueron detenidos 8 ciudadanos extranjeros.
Del total de expulsiones materializadas de enero a mayo de este año, según cifras del Servicio Nacional de Migración, 51% de estas fue a través de una orden administrativa.
La explosión de extranjeros que buscan hacer una vida en Chile superó la capacidad del Servicio Nacional de Migraciones que, a marzo de 2022, tenía cerca de 580 mil solicitudes de residencia en trámite: algunas de ellas con esperas de hasta tres o cuatro años. Por ello un grupo de abogados, con tarifas que van desde los $220 mil a $1 millón por trámite, comenzó a utilizar los recursos de protección como una herramienta para acelerar las respuestas. Sin embargo un "Supremazo" en marzo pasado frenó el mecanismo, llevando la tasa de éxito de los recursos a menos de un 30%.
El plan no contempla un proceso masivo de regularización, pero sí una "definición de criterios para modalidades condicionadas de regularización para grupos específicos en base a condiciones de inserción reales". Aquello -explican las autoridades- busca poner énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, y de mujeres víctimas de violencia, trata y tráfico.
Pese a que las autoridades reconocen un "rezago histórico" en esta materia, desde el Sermig dicen estar trabajando para normalizar la resolución de solicitudes. Expertos valoran lo hecho, pero ponen énfasis en que no basta para controlar los flujos migratorios que se han presentado en los últimos años.
Conoce el detalle sobre el trámite dirigido a extranjeros residentes del país.
El jueves de la semana pasada, el Ejecutivo retiró el decreto despachado por la administración anterior, en que fijaba como única alternativa para el cambio de residencia temporal, argumentos de carácter humanitario y de reunificación familiar. Con la firma del Presidente Boric se agregó una nueva excepción a discreción de la Subsecretaría del Interior.
El nombre de la funcionaria pública ha estado en el ojo del huracán luego de que Interior radicara en ella la responsabilidad de la información que recibió Siches sobre el supuesto avión con expulsados venezolanos que regresó a Chile. En los 26 años que lleva en Migraciones, Daneri pasó a ser una funcionaria clave, que ha sido recurrentemente ratificada por las últimas administraciones. Ahora pesa sobre ella un sumario administrativo y su futuro es incierto en la repartición.
El 3 de marzo un vuelo con 50 ciudadanos colombianos salió desde Chile hacia Bogotá. En ese mismo avión SKY se había organizado la salida de expulsados oriundos de Venezuela, sin embargo, a solicitud de las autoridades de ese país esa deportación no se concretó y los involucrados fueron devueltos por la policía a los centros de reclusión donde cumplen condena. Ninguno de ellos siquiera alcanzó embarcar en el avión, por lo que técnicamente tampoco nunca "volvieron a Chile", ya que simplemente no cruzaron la frontera nacional.
La pareja salió en diciembre del año pasado desde Ucrania para pasar las fiestas de fin de año con su hijo, quien reside hace casi una década en nuestro país. Un día después de estallar el conflicto en Europa del Este pidieron en Extranjería poder acogerse a la norma que regula el refugio. De inmediato el gobierno accedió a proteger a ambos adultos mientras dure la guerra.
Un grupo de 14 parlamentarios opositores considera que el decreto supremo emanado desde La Moneda, publicado en el Diario Oficial en enero de este año, es inconstitucional ya que impone barreras adicionales al procedimiento para estas peticiones de protección —destinadas a migrantes que corren peligro— que no están contempladas en la ley. "El Gobierno pretende crear trámites que no han sido previstos por el legislador y que, en definitiva, restringen el ejercicio del derecho a pedir asilo en nuestro país en los términos en los que lo establece la ley", explica la senadora Ximena Rincón.
La resolución del tribunal va en contra de lo dispuesto por Extranjería, que omitió pronunciarse ante el requerimiento de Luis Del Valle, Elenis Del Valle y Beatriz Ruiz, quienes pidieron extender su asilo en Chile, pero que, acorde al máximo tribunal chileno, solo fueron instados a pedir la permanencia definitiva o abandonar el país.
Tras la promulgación de la nueva Ley de migraciones, que “permite que los extranjeros que quieran venir a radicarse deben pedir sus visas en los consulados de sus países”; un grupo de migrantes se reunió a un costado de la Catedral de Santiago con el fin de regularizar su situación migratoria. Según un balance preliminar de Carabineros, los detenidos corresponden a personas que carecían de su respectivo permiso. En horas de la tarde, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, aclaró: "Efectivamente habrá un proceso de regularización para aquellas personas que ingresaron a Chile por un paso habilitado antes del 18 marzo de 2020, pero ese proceso va ser digital, y se va anunciar los próximos días".
El 12 de marzo, la Subsecretaría del Interior comenzó el proceso de licitación -el que tendrá un valor de $ 300 millones- para concretar la salida del país de quienes no mantengan su situación migratoria regularizada, a través de 15 aviones privados y en un periodo de nueve meses. El jefe de la cartera, el subsecretario Juan Francisco Galli, sostuvo que "esto da cuenta de cómo ha cambiado el fenómeno de la migración. No es bueno anticipar fechas, pero esto comenzará a concretarse a fines de abril y se extenderá durante todo el año, con un promedio de dos vuelos mensuales".
Explica la nueva Ley de Migración -despachada esta semana- que impondrá la obligación de que los migrantes, al momento de ingresar a Chile, tengan sus papeles regularizados. “Eso mejora su calidad de vida”, dice.
