El proyecto busca regular los llamados “narcofunerales” o “funerales de alto riesgo” limitando el plazo y los lugares para desarrollar la sepultura en situaciones en que los funerales presenten un riesgo para la seguridad de la población.
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La portavoz del Ejecutivo planteó que al Presidente Gabriel Boric le interesa "que estos proyectos no solamente salgan con sentido de urgencia, sino que salgan con los más amplios acuerdos para que sean políticas de Estado, y no solamente leyes cortoplacistas”.
"Hoy día estamos todos de acuerdo, se aprobó en la Cámara con una amplia mayoría. ¿Por qué no se incorpora en el fast-track? Porque la ministra Tohá, personalmente, en esa negociación, le planteó al presidente del Senado que para ellos no era cómodo que estuviera", señaló el diputado.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta explicó que, aunque están "trabajando a full, también necesitan la contraparte del gobierno en la misma velocidad y en la misma calidad". Hasta el momento, solo 1 de los 32 proyectos dentro de la agenda de seguridad han sido aprobados.
El titular de la Segpres valoró el trabajo que han desarrollado los actuales y expresidentes de las cámaras del Congreso, aunque acusó que en las comisiones "ha habido presidentes (de comisiones) que han desarrollado un trabajo espectacular, pero otros que no”.
Entre las iniciativas están la Ley Antiterrorista, protección de infraestructura crítica y régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado.
El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, detalló que el paquete de medidas contiene las iniciativas pendientes del primer acuerdo, pero también nuevas materias. Respecto a los plazos, acordaron que el próximo lunes 20 de mayo se dará a conocer el contenido.
En el último balance del año sobre el fast track legislativo en esa materia, Juan Antonio Coloma indicó que aprobaron un 70% de las propuestas que se pactó agilizar -en abril- con el Ejecutivo. "Es una buena señal, pero claramente no es suficiente", reparó.
En conversación con Radio Duna, el presidente del Senado se refirió a la agenda de seguridad y al veto que el gobierno presentaría a un artículo de la ley de usurpaciones, planteando que, de aplicarse, a su juicio, debería ser "para mejorar el proceso y no para destrozar lo que se ha avanzado”.
