La caída de Felipe Berríos llega como un tercer gran golpe para la comunidad jesuita. A pesar de que son 11 las denuncias por abuso sexual que han registrado en los últimos 15 años este caso ha sido diferente. No solo por lo mediático, sino porque el ex jesuita se auto denunció ante el Ministerio Público e inició un proceso civil en paralelo al canónico. Esto, dicen desde dentro, ha provocado un fuerte remezón para la Congregación.
El sacerdote cuestionó el comunicado dado a conocer este viernes por la congregación a la cual perteneció durante 45 años, sosteniendo que es impreciso y falta a la verdad respecto a los cargos que levantó en su contra la justicia canónica, pese a ser sobreseído por la justicia civil. "Estoy triste pero tranquilo. Durante todo este proceso he sufrido la opacidad del Vaticano y el ataque furioso de algunos usuarios de las redes sociales incluso antes de haber sido informado de la investigación. También estoy tranquilo porque durante todo este período siempre me esforcé por no dañar a las denunciantes", aseguró.
Conductas inapropiadas en retiros de colegios, trabajos voluntarios de estudiantes secundarios y universitarios y hechos ocurridos en el marco del Sacramento de la Confesión, zanjaron la expulsión del sacerdote de la Compañía de Jesús. Por orden del Vaticano, además, se le prohibió el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años.
Tanto las víctimas como el sacerdote ya fueron notificados de esta decisión.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
Su defensa, encabezada por el penalista Julián López, solicitó que se diera por finalizado cualquier intento con seguir adelante, en sede penal, con la acusación en su contra que fue apoyada por la Fundación para la Confianza. La Fiscalía había decidido no perseverar, pero el abogado del exjesuita fue más allá y pidió que fuera sobreseído por inexistencia de delito. El tribunal accedió y con esto la causa penal que se abrió por una autodenuncia se acabó.
Dante Simón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, deberá evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la investigación previa canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado.
Inicialmente las mujeres que denunciaron al sacerdote "por hechos de connotación sexual" habían optado mantener la causa en sede canónica, pero ahora habrían manifestado colaborar con la investigación que lleva la fiscal Yazmín Salech. Además, pese a las medidas cautelares que tenía, el religioso -luego de comunicar su determinación de renunciar a la Compañía de Jesús- viajó a Antofagasta a participar de labores vinculadas al Centro de Formación La Chimba, lo que en la congregación califican como "falta" a las disposiciones dictadas.
Aunque el sacerdote oficializó su intención de dejar la congregación, restan una serie de procedimientos para que aquello se concrete. De hecho, como dan cuenta especialistas, el "padre general de la Compañía" podría declinar la solicitud, y dado que el religioso fue enfático en sus cuestionamientos al provincial, podría suceder que el trámite se entrampe. Es más, en una carta enviada por Gabriel Roblero, la entidad recalcó que actuaron en regla y que haberle permitido viajar a La Chimba en medio de la investigación canónica, habría sido "impresentable".
El sacerdote comunicó oficialmente su decisión, asegurando que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Según dice, el Provincial "ha tenido actitudes objetivas y comprobadas en que ha optado más por cuidar la imagen de la institución y su propia persona, que la búsqueda de la verdad y la justicia".
La decisión -como adelantó La Tercera hace tres semanas- la informó a sus más cercanos por medio de una carta donde puso énfasis en que, durante el proceso abierto en su contra, la mencionada congregación no le habría dado apoyo.
Ya les comunicó a sus más cercanos que dejará la congregación en la que participó por 42 años. La molestia por cómo se llevó adelante el proceso canónico en su contra y las medidas cautelares que aún lo mantienen en Santiago serían gravitantes para su decisión.
La Fiscalía Sur tramitó en tribunales una orden judicial para poder hacerse de la investigación canónica previa que realizó la abogada María Elena Santibáñez tras denuncias de actos de significación sexual en contra del sacerdote que hoy se encuentra suspendido de sus funciones. La diligencia fue concretada por la PDI y responde a una causa penal que se abrió -justamente- por la autodenuncia del religioso que pidió la intervención de la justicia civil.
El jesuita habla por primera vez de las denuncias que lo mantienen suspendido de sus funciones como sacerdote y alejado de La Chimba, donde vivía antes de que se abriera una investigación previa canónica por “actos de significación sexual”. En espera de lo que haga ahora el Vaticano, apunta a que detrás de la acusación en su contra hay una estrategia comunicacional impulsada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, avalada por la fundación en que trabaja, y asegura: “Esto es un juicio mediático y mediáticamente estoy marcado”.
El sacerdote cuestionó abiertamente la forma en que la Compañía de Jesús llevó el proceso en su contra. No sólo descartó haber cometido los hechos por los que se le denunció, sino que también reclamó por la falta de transparencia que tuvo su congregación.
