El abogado Miguel Schürmann solicitó una audiencia de cautela de garantías, que fue fijada para el 4 de abril. En ella, el profesional pedirá que se resguarden las conversaciones personales de la exalcaldesa, tal como había pedido el abogado de la diputada PC Karol Cariola hace unos días.
Solo la conciencia sobre las hipocresías del caso, el valor de los bienes jurídicos en riesgo y la recuperación de la noción de una justicia ciega pueden devolvernos a un camino de civismo para esta nueva época digital.
La exalcaldesa de Santiago aseguró que la divulgación de antecedentes no tiene relación con la investigación y "debilita la institucionalidad democrática".
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La autoridad regional, eso sí, remarcó que "permitir que las filtraciones se normalicen afecta la confianza en la justicia”.
La filtración de los chats de la renunciada presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), con su correligionaria, la exalcaldesa Irací Hassler, ha enfurecido a los personeros del oficialismo. Primero fue la bancada comunista la que adelantó ayer que vendría una ofensiva contra la Fiscalía. Hoy, sin embargo, se embarcó el resto de los comités gubernamentales.
El titular de Justicia recalcó que desde el Ejecutivo les parece “que esto se tiene que investigar con mucha rigurosidad".
Asimismo, el fiscal nacional emplazó al gobernador de la RM, Claudio Orrego, que, si tiene antecedentes respecto a la divulgación de información reservada, es "su deber" entregarlos.
A juicio de la Asociación Nacional de Fiscales, los dichos del gobernador Claudio Orrego siembran "un manto de dudas sobre la probidad de los fiscales”.
"Todo empleado público que tenga conocimiento de un hecho que revista carácter de delito, tiene la obligación legal de hacer la denuncia, si no, comete un delito que se denomina omisión de denuncia”, afirmó el persecutor al referirse a las palabras del gobernador metropolitano.
La libertad de prensa no puede ser la respuesta toda vez que la analogía con los delitos de receptación y lavado de activos es obvia.
El caso por la publicación de chats de Luis Hermosilla avanza y el investigador a cargo ya ha tomado una serie de determinaciones. Una de ellas fue agrupar las aristas que surgieron por la querella presentada por la defensa del abogado que hoy está en prisión por el caso Audio, junto con las denuncias que han presentado otros imputados como el exfiscal Manuel Guerra, además de la acusación que pesa en contra de un abogado del PS. Entre las determinaciones más importantes está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones.
La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que "muchas de las vulneraciones" a los sistemas de seguridad de información del organismo "han sido detectadas como consecuencia de las medidas que se han adoptado".
Preocupación generó en el mundo de la defensa de los Derechos Humanos la "celeridad" con que la Fiscalía Occidente actuó para incautar el celular del abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, tras una denuncia respecto a que supuestamente entregaría antecedentes reservados del caso Audio a un medio de comunicación. La abogada experta en la materia asegura que se está dando una señal errónea: "la criminalización de un actor no estatal, como es el caso de este querellante, puede dañar seriamente la libertad de expresión, y da cuenta de cómo los fiscales se lavan las manos de un problema que es de ellos... de hecho, genera un efecto intimidatorio en actores que no tienen el deber de reserva contemplado en la ley".
