La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que "muchas de las vulneraciones" a los sistemas de seguridad de información del organismo "han sido detectadas como consecuencia de las medidas que se han adoptado".
9 dic 2024 04:41 PM
La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que "muchas de las vulneraciones" a los sistemas de seguridad de información del organismo "han sido detectadas como consecuencia de las medidas que se han adoptado".
Preocupación generó en el mundo de la defensa de los Derechos Humanos la "celeridad" con que la Fiscalía Occidente actuó para incautar el celular del abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, tras una denuncia respecto a que supuestamente entregaría antecedentes reservados del caso Audio a un medio de comunicación. La abogada experta en la materia asegura que se está dando una señal errónea: "la criminalización de un actor no estatal, como es el caso de este querellante, puede dañar seriamente la libertad de expresión, y da cuenta de cómo los fiscales se lavan las manos de un problema que es de ellos... de hecho, genera un efecto intimidatorio en actores que no tienen el deber de reserva contemplado en la ley".
Molesto con los cuestionamientos por la responsabilidad del Ministerio Público, el fiscal nacional determinó enviar un oficio al ministro de Justicia dando cuenta de las medidas adoptadas en la materia y propuestas para avanzar en nuevas herramientas, marcando una nueva distancia con el Ejecutivo.
Esto, en un oficio dirigido al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, días después de que el titular de la cartera cuestionara que se hiciera pública la declaración que el Presidente Gabriel Boric entregó voluntariamente ante la Fiscalía, a propósito del caso que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, tras ser denunciado por violación.
El abogado, que se encuentra en prisión preventiva, expone que los persecutores se comprometieron a resguardar la información del teléfono que le fue incautado, por lo que solicita que se entregue un listado y se cite a declarar a los funcionarios que han tenido acceso a sus conversaciones en el Ministerio Público. Incluso, pide que se entreguen los registros de visitas de las dependencias de la Fiscalía.
Durante el sábado, médicos de la institución señalaron que había filtraciones de aguas servidas en la UCI y que no podían asegurar que los pacientes no sufrieran consecuencias por ello. Esas acusaciones las han puesto sobre la mesa desde mucho antes.
Durante el sábado, médicos de la institución señalaron que existían filtraciones de aguas servidas en la UCI y que no podían asegurar que los pacientes no sufrieran consecuencias por ello.
“Tengo videos, en agosto de 2020 ya había filtraciones de aguas servidas y no tuve respuesta. Y declaré que había riesgo de electrocución e incendio, no se me escuchó”, detalló la jefa de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital, Francisca Ríos.
El lunes, en dependencias de la Fiscalía Nacional, los persecutores abordarán varias temáticas atingentes a sus labores. Asimismo, parte de la expectación en la reunión está puesta en las acciones que podría emprender Valencia frente a la arremetida de Luis Hermosilla por las filtraciones en el marco del caso Audio. Por último, hay quienes esperan que ese sea el momento en que la máxima autoridad explique por qué no transparentó desde un inicio que había mantenido una reunión con Hermosilla y Andrés Chadwick. Situación que algunos parlamentarios han señalado podría repercutir en una eventual petición de remoción.
Anna Ardin es una de las dos mujeres que presentó acusaciones contra el fundador de WikiLeaks. Publicó un libro en el que aborda el caso.
El académico y ex subdirector del CEP analiza las implicancias éticas que tiene el "caso audios" y de las filtraciones del exdirector de la PDI al penalista Luis Hermosilla. Dice que el episodio demuestra que hay un “páramo regulatorio” en el ejercicio de esta profesión, y que es necesario -de una vez- modificar el sistema de nombramientos judiciales para acotar las influencias externas.
Junto con ello, la autoridad se refirió a los hechos ocurridos en la comuna de Cerrillos, donde una mujer de 51 años fue baleada en un enfrentamiento entre bandas rivales en campamento Nuevo Amanecer.
Desde agosto de este año la Autopista Vespucio Oriente 1 ha presentado problemas y reclamos por parte de usuarios, los que provocaron el cierre de uno de sus tramos por casi un mes. Si bien desde la concesionaria sostienen que tales inconvenientes fueron subsanados y permitieron su reapertura hace dos semanas, hoy enfrentan una demanda desde el Sernac, además de continuas críticas de expertos.
A través de un comunicado, el Sernac informó que esta acción judicial se presentó luego que la concesionaria no aceptara participar en el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), que había comenzado el organismo a fines de octubre, pese a que en un comienzo habían dicho estar disponibles.