En la reunión extraordinaria que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia junto a los jefes regionales del Ministerio Público del país, se hizo un pequeño balance de las primeras horas de la instrucción anunciada tras el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. La medida apunta a que los investigadores soliciten la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, prisión preventiva, cada vez que detengan a un extranjero indocumentado a la espera de que se esclarezca su identidad. La iniciativa si bien cuenta con el apoyo transversal de los líderes del ente perseguidor, generó algunos reparos por la lentitud del servicio de identificación en el resto del país. Con todo, la máxima autoridad de la Fiscalía golpeó la mesa y reiteró: es una decisión ya tomada y no hay pie atrás.