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Los fiscales Felipe Sepúlveda, de Las Condes, y Juan Pablo Araya, de Alta Complejidad de la Metropolitana Oriente, explican aquí por qué pidieron la formalización de trece personas, entre ellos, ocho ejecutivos de Larraín Vial. En este caso, apuntan al fondo Capital Estructurado I, lanzado en enero de 2023 para canjear deudas de Antonio Jalaff y administrado por Larraín Vial. “Hay un conocimiento mayor al que han declarado las personas que intervinieron tanto en la creación como en la administración del fondo”, explican.

En más de una ocasión el abogado Hermosilla afirmó durante la conferencia de prensa, en la que dio a conocer 29 nombres de jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano Luis Hermosilla, que el plazo para que los involucrados explicaran sus conversaciones eran dos semanas. Desde entonces ha pasado casi un mes y hasta ahora no se conocen detalles de los mensajes.

Si bien la Corte Suprema dispuso medidas para aclarar la situación de los ministros mencionados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, transversalmente abogados cuestionaron el trasfondo de la comunicación del abogado defensor de Luis Hermosilla.

La defensa de Luis Hermosilla expuso el listado y descartó que en las conversaciones se observen conductas que constituyan delitos o que sean ilícitas.

En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', el fiscal Francisco Bravo se refirió a los cuestionamientos que han recibido algunos de sus colegas en el marco del caso Audio, como el exfiscal Manuel Guerra por sus chats con Luis Hermosilla. Al respecto, reconoció que no existen protocolos sobre cómo los persecutores ocupan las aplicaciones de mensajería pero que ahora deberían generarse y "establecer ciertas regulaciones".

A las 10.00 de este viernes, en el edificio de la Fiscalía Nacional, se realizará una reunión en la que participarán los fiscales regionales de Arica, Los Lagos, Antofagasta y de la Metropolitana Oriente. También asistirán el jefe nacional de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos y un equipo del OS9 de Carabineros, al que se le encargarán diligencias en torno a las aristas que se han desprendido tras analizar los chats del imputado Luis Hermosilla.

La ministra del Interior descartó que existiera preocupación por parte del gobierno "porque está actuando la justicia y eso es lo que debe hacerse".

En medio de las esquirlas que han saltado hasta el propio Ministerio Público por las conversaciones del abogado Luis Hermosilla con jueces y fiscales –incluido el actual fiscal nacional-, los fiscales del caso Audio enfrentan las críticas. Acompañada de Miguel Ángel Orellana, otro de los persecutores de su equipo, la fiscal regional Lorena Parra asegura que contactó al penalista pero que nunca supo si hizo o no gestiones. “La demostración de que no le debo nada es que se investigó con celo, se formalizó y hoy está preso”, enfatiza.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos es tajante en sostener que la política debe ser “extremadamente cuidadosa” en no transformar al Poder Judicial y al Ministerio Público en actores políticos. La independencia y autonomía de los jueces, dice, es un activo que todos deben proteger. “Si no queremos que los jueces se involucren en política, no se puede descalificar, directa o indirectamente, el rol de los jueces”, comenta el secretario de Estado.

Fue a través de un comunicado que la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público expresó que algunas opiniones se sitúan "derechamente en la ofensa y la denostación”.

A través de su abogado, la máxima autoridad de Carabineros pidió la inhabilidad de los fiscales Armendáriz y Chong tras acusar “odio o resentimiento” de parte de ambos profesionales hacia la institución uniformada y hacia su persona.

Magistrados y persecutores pidieron a la Corte de Apelaciones de Santiago realizar audiencias y visitas a las cárceles de manera telemática. La Corte Suprema, en tanto, entregó un camino: ante el “peligro para la vida o integridad personal del juez, funcionario o su familia” se podrá optar por esta modalidad.

Los persecutores a cargo de los casos que involucran al expresidente tenían aprensiones que si trascendían dichas indagaciones, se desatarían nuevos hechos de violencia como ocurrió con el asalto al Capitolio.

“Es un llamado de atención grave para todo el mundo, estamos a tiempo, pero cruzar ese umbral en que el día de mañana a un juez, un fiscal o un abogado defensor se atente contra su vida, respecto a la participación de un juicio que compromete un crimen organizado, es cruzar una frontera de la cual es muy difícil volver", aseguró el ministro de Justicia.