Sorprendidos quedaron los intervinientes de la causa abierta por la muerte del conscripto Franco Vargas ocurrida el 27 de abril pasado. Su deceso es indagado por la justicia militar y por la Fiscalía de Arica. Sin embargo, a petición del Ministerio Público castrense se trabó la competencia de los persecutores en espera de que el máximo tribunal decida qué jurisdicción deberá aclarar lo que ocurrió en la fatal marcha en la que también resultaron afectados otros soldados. El anuncio de pesquisas por parte de la presidenta de la Corte Marcial generó ruido, ya que la propia familia de la víctima ha declarado que no quiere que la justicia militar intervenga. De hecho, la madre del joven apuntó: "La jueza está beneficiando a las personas del regimiento".
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El líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue detenido la madrugada de este lunes en el barrio La Esperanza, en la localidad argentina de El Bolsón. Medios argentinos reportan que estaba bajo la influencia del alcohol y drogas. El Ministerio Público alista la solicitud de extradición para que el comunero vuelva al país a cumplir la condena a 9 años de cárcel por incendio y porte ilegal de armas de la cual escapó cuando la Corte de Apelaciones de Valdivia le concedió el beneficio de libertad condicional que luego fue revocado por la Corte Suprema. Un informe de Gendarmería revela los planes que Jones Huala tenía de cara a su salida de la cárcel que -ahora- está programada para el 2025.
El impasse diplomático que pudo haber generado la difusión de una conversación privada de la canciller Antonia Urrejola y sus asesores, en que hablaban del embajador argentino Rafael Bielsa, terminaría en tribunales. Hay quienes al interior del Ministerio Público, y abogados, que creen que se configura una conducta que es sancionada por el Código Penal, aunque hay también quienes plantean que dicha tipificación corre sólo para grabaciones de conversaciones íntimas y no reuniones de trabajo. Las opiniones están divididas. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció durante horas de la tarde de este miércoles que se realizó la denuncia ante el Ministerio Público.
La Brigada de Lavado de Activos de la PDI analizó las cuatro cuentas bancarias del histórico ex militante de Renovación Nacional. En ellas se detectaron varios ingresos en billetes realizados por dos choferes de la Municipalidad de Vitacura durante 10 años.
Una dura resolución dictada por el fiscal regional metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda, dejó fuera del Ministerio Público a la hija del ex comandante en jefe del Ejército y su esposo, el también perseguidor penal público Andrés Iturra. En el sumario se les atribuye graves faltas a la probidad al haber participado activamente en la donación de inmuebles de Óscar Izurieta que luego la jueza Romy Rutherford no pudo confiscar, en medio de una investigación por millonaria malversación de caudales públicos. "Sin perjuicio de la gravedad de sus conductas, han generado una injustificada sensación de corrupción generalizada en el Ministerio Público", advierte la resolución que les fue notificada a ambos abogados.