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Abbott descartó la remoción de ambos y tres cargos para decretar la suspensión de los funcionarios -la que ya se cumplió por el tiempo que duró la investigación-: incumplir la cuarentena sanitaria en la Región Metropolitana, permaneciendo más de una hora en el local de comida; utilizar un permiso único colectivo para ir a un lugar con otros fines, vulnerando el Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, y haber ingresado al local sin la “revisión de temperatura establecida como una medida preventiva”, infringiendo otras reglas de la Constitución y el estatuto interno del ente persecutor.

La investigación penal que se inició con una denuncia anónima -que significó la salida de los primeros fiscales que la indagaron y que tuvo como consecuencia la expulsión del Poder Judicial de dos ministros- entró en tierra derecha con miras al juicio oral del principal imputado. En la acusación, el Ministerio Público pide que al exmagistrado Elgueta se le condene por cohecho agravado reiterado, nombramientos ilegales, prevaricación, junto con un castigo de una década tras las rejas, y que se le impida, de por vida, volver a ejercer cargos públicos.

La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.

El Ministerio Público requirió audiencia para levantar cargos en contra del edil Miguel Ángel Aguilera Sanhueza (exPS) por diversos presuntos delitos de corrupción. El jefe comunal es cuestionado desde 2017 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fiscalía Sur presentó acusación en contra de Camilo Gajardo Escalona, a quien sindica como un fabricador y colocador solitario de artefactos en la capital. Se le imputa bajo la ley de armas, y también homicidios frustrados, debido a los daños que pudo ocasionar instalando bombas en un bus de la locomoción colectiva, paraderos de micro y la vía pública. En el caso que afectó al expresidente de Codelco, el Ministerio Público afirma que el fin del acusado era dar muerte.

La fiscalía formalizó a Francisco Solar y Mónica Caballero por Ley de Armas, en investigaciones que implican atentados explosivos. La razón del Ministerio Público fue que la legislación antiterrorista es más traba que aporte, porque el estándar que piden los tribunales para condenar es muy alto y la pena no es tan significativa. Parlamentarios y exautoridades coinciden en esta materia y advierten que esta norma puede caer en desuso.

El Gope se dirige hacia la calle Santo DomingO 1083, Santiago Centro, donde reside la sospechosa de colocación de artefactos explosivos.

Ayer, el secretario general del Senado entregó su versión a los senadores de la comisión de Régimen Interno. Hoy el funcionario remitió un texto interno a los funcionarios del Senado. "Lamento sinceramente y presento mis excusas por la situación producida, con motivo del error puntual de prescindir temporalmente de la mascarilla y no mantener el distanciamiento social apropiado, conforme a lo señalado por la autoridad sanitaria", dijo.

En su testimonio ante la fiscalía, Matías Soto (18) detalló cómo fue el trayecto que hizo la tarde del pasado miércoles para escapar de Carabineros, luego de haber participado en una manifestación en el Metro Protectora de la Infancia. Dijo que cuando lo atraparon intentaron subirlo a un retén. Trató de resistir el arresto y fue entonces cuando entre ocho policías le empezaron a pegar en el suelo.

Según la fiscalía, el dependiente del recinto sostuvo que "lo amenazaron de muerte".

¿Qué tanta información contiene el documento sobre las víctimas? ¿Trabajó el abogado Waldo Bown sobre la base del secreto profesional? ¿Cuántas copias existen de la indagatoria original sobre el ex capellán del Hogar de Cristo? ¿ Y cómo lo hará la Fiscalía Sur para proteger a las víctimas?

El recurso de protección de esta insólita estrategia judicial presentado por Luis Arenas es además patrocinado por los abogados Luis Valdenegro y Glenda Flores, quienes son los defensores de "La Choclo" una traficante conocida por ser "la reina de la pastabase" en Rancagua.

Se le imputará tráfico de influencia, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible. Asimismo el Ministerio Público decidió imputar a la hija del magistrado por omitir en declaraciones juradas que su padre era autoridad en la jurisdicción donde ella postulaba a cargos de suplencia.

Dos sujetos armados ingresaron a un local tragamonedas en la Carol Urzúa, dejando un saldo de cinco muertos en una balacera. A una semana, ninguna autoridad del gobierno central ha contactado a los familiares de las víctimas. Ellos acusan "desidia".

Los últimos atentados explosivos desnudaron las falencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), un servicio que, tras casi 15 años, no ha sido capaz de generar la información para prevenir nuevos ataques. La salida de analistas y la pérdida de informantes pagados se cuentan entre sus deficiencias.