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El tribunal consideró infundada la acusación contra tres de los ocho acusados por la muerte de 81 reos en el incendio de diciembre de 2010.

Ayer fue desestimada por quinta vez la calificación de delito terrorista en una acusación presentada por la fiscalía Sur, donde el único imputado por la colocación de un artefacto explosivo en el retén de Las Vizcachas, fue absuelto.

El joven relacionador público fue acusado por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista, y arriesgaba una pena de 6 años de presidio.

Sabas Chahuán llegó a la unidad de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y aseguró que se revisarán los protocolos de seguridad.

El Gope de Carabineros trabaja en el rastreo al interior de la unidad de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en calle Pirámide en San Miguel.

La resolución del tribunal criticó duramente el trabajo de la fiscalía Sur, y aseguró que sus medios de prueba son "difusos, imprecisos y contradictorios".

Se espera que el veredicto para los ocho gendarmes acusados por la Fiscalía de la muerte de 81 internos, se dicte dentro de los primeros días de la próxima semana.

En el juicio oral, la defensa de los ocho acusados comenzó con la muestra de pruebas, que de acuerdo a su teoría, demuestran que el siniestro fue de rápida propagación impidiendo la reacción de los gendarmes.

En el juicio oral, la defensa de los ocho acusados comenzó con la muestra de pruebas, que de acuerdo a su teoría, demuestran que el siniestro fue de rápida propagación impidiendo la reacción de los gendarmes.

Según explicó a La Tercera el fiscal de la zona Sur Héctor Barros, cinco kilos de pólvora negra estaban contenidos en una olla a presión que además tenía clavos, parafina y gas butano.

Barros agregó que este tipo de bombas "son muy utilizadas en Europa por grupos anarquistas" y tienen un alto poder dañino.

Fiscalía Sur arrendó los modelos A4 y A6 por 95 días para ser usados por el fiscal regional.

Para el líder de la organización, Jorge Cepeda, la Fiscalía solicitó una pena de 23 años, mientras que para el ex agente encubierto, Cristián Ajraz, se pidió una pena de 24 años.

La Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó la solicitud de la Fiscalía Sur, que buscaba anular el juicio que absolvió a Carla Verdugo y su hermanastro Iván Silva de delito terrorista y los condenó por porte de artefacto explosivo.

El juez del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal indicó que las pruebas sólo dan cuenta de la manipulación del artefacto detonado en banco BCI, por lo que  fue condenado por daños e infracción a la ley de control de armas y explosivos.