La decisión se produce después de que el líder del partido Voluntad Popular, que actualmente reside en España, apoyara la propuesta del expresidente colombiano Álvaro Uribe de intervenir militarmente en Venezuela.
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Tras recibir la noticia, Ángel Valencia citó de urgencia a los fiscales regionales. Hubo consenso en que la medida -para ellos- no resiste análisis, y que la fórmula tendría impacto directo en las indagaciones. Si bien desde el gobierno aseguran que sería una disminución menor, en el Ministerio Público recalcan que se debe revertir a la brevedad. Hay voces que hoy se alzaron al interior del consejo regional y plantearon que es una especie de vendeta por los casos que involucran a políticos.
El caso por la publicación de chats de Luis Hermosilla avanza y el investigador a cargo ya ha tomado una serie de determinaciones. Una de ellas fue agrupar las aristas que surgieron por la querella presentada por la defensa del abogado que hoy está en prisión por el caso Audio, junto con las denuncias que han presentado otros imputados como el exfiscal Manuel Guerra, además de la acusación que pesa en contra de un abogado del PS. Entre las determinaciones más importantes está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones.
En total fueron 20 personas que son formalizadas desde este lunes. A los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ex socios de Patio, la Fiscalía les imputará delitos tributarios, estafa y lavado de activos. A Álvaro Jalaff le sumó el delito de soborno. Los ocho ejecutivos de Larraín Vial serán acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores y administración desleal: seis de ellos como autores, los otros dos, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, por "facilitar medios" para cometer los delitos.
El persecutor explicó que la medida está destinado especialmente a la búsqueda de personas defensoras del medioambiente.
El caso es investigado por la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, además de personal de ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.
El exejecutivo de mayor rango en Larraín Vial involucrado en el caso del fondo Capital Estructurado testificó esta semana nuevamente. Respondió declaraciones de Daniel Sauer en la causa y dijo que Álvaro Jalaff ofreció a Larraín Vial entrar a la propiedad de grupo Patio. Bulnes, quien será formalizado este lunes, insistió en su inocencia y en que Larraín Vial fue utilizada y engañada en la creación del fondo. “Nos ocultaron información muy seria”, aseguró.
El imputado cuenta con una orden de detención por un ilícito similar ocurrido en la Región Metropolitana.
Tras la presentación por parte del Ministerio Público es el turno de los querellantes, los que solo en el caso del SII tardarán tres meses en exponer. Luego de eso será la ocasión de las defensas de todos los imputados de presentar sus pruebas, completando así casi tres años de juicio por presunto financiamiento ilegal de la política.
Sobre la investigación, el abogado del exsubsecretario aseguró que la otrora autoridad “jamás tuvo la facultad y no recibió ninguna gestión o dio alguna orden a las policías para efectos de revisión, incautación o manipulación de las cámaras de seguridad”.
Al penalista se le imputó el delito de tráfico de influencias, siendo acusado de haber realizado gestiones a favor del Grupo Patio durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera a cambio de dineros que habría recibido a través de Factop. El asunto, fue descartado por su defensa, quien incluso pidió su sobreseimiento y la formalización de la fiscal Oriente, Lorena Parra.
De acuerdo con el escrito adjuntado a la carpeta investigativa del caso, se trata de imágenes que fueron captadas por una de las cámaras instaladas en el Cuartel General de la Policía de Investigaciones.
El exsubecretario del Interior, según informó su abogado Víctor Providel, entregó su versión, únicamente, sobre la denuncia de abuso sexual y violación en su contra. La diligencia seguirá el jueves a las 9 horas ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.
La defensa no descartó evaluar, una vez terminada la declaración, presentar un recurso para revisar la medida cautelar de prisión preventiva que el exsubsecretario se mantiene cumpliendo en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
