La solicitud de la FNE ante el TDLC se dio en el marco de la solicitud presentada por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para explicitar la forma de cálculo de la participación del mercado portuario.
15 nov 2024 04:27 PM
La solicitud de la FNE ante el TDLC se dio en el marco de la solicitud presentada por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para explicitar la forma de cálculo de la participación del mercado portuario.
El proceso había sido suspendido a petición de la concesionaria operadora del aeropuerto, Nuevo Pudahuel, porque acusó que la licitación tendría riesgos para la libre competencia. Sin embargo, la FNE aseguró que buena parte de las disposiciones contenidas en las bases no tienen la capacidad de generar distorsiones a la competencia.
Si bien la Fiscalía Nacional Económica dice que sería beneficioso que se ocupara esta banda para el 5G, aún queda la definición del TDLC, que ya ha sido impugnada en procesos anteriores por esta misma temática por empresas como Movistar y Wom.
En el acuerdo las compañías se comprometieron a adoptar acciones referidas a la forma de administración y manejo de la información en el contexto del funcionamiento de Colada Continua y otras medidas de cumplimiento normativo.
La transacción fue valorizada en US$ 112,7 millones, donde una parte se destinó a un aporte de capital a Helio Atacama Tres SpA (HAT) para pagar sus deudas con la banca, y el resto fue a la adquisición de las acciones de las sociedades detrás del proyecto, EDF EN Chile Holding SpA (50%) y Marubeni Corporation (50%).
Esto en el marco de una audiencia pública convocada por el TDLC con la finalidad de analizar la consulta pública presentada por la empresa en mayo del año pasado.
Además de Paulmann y Cencosud, el pacto extrajudicial incluye a Asesorías Alpa. En el acuerdo, los involucrados reconocen la participación simultánea del empresario en cargos relevantes en ambas compañías que competían en el mercado de tiendas de conveniencia. En total, deberán realizar pagos a beneficio fiscal que ascienden a $1.200 millones.
En marzo pasado, Melón adquirió Hormigones Gaflo Sur en una suma no detallada, y al mes siguiente la FNE recibió una denuncia, por la cual el órgano antimonopolios abrió una indagatoria por concentración de mercado.
El investigación de la FNE con la que aprobó la toma de control de ClaroVTR por parte de América Móvil buscó determinar, entre otras cosas, si habrían efectos horizontales o verticales en el mercado de arriendo de torres y soportes a otras compañías de telecomunicaciones, lo cual fue descartado por la entidad.
La fusión entre ambos grupos incluye bancos, aseguradoras, agencia de viajes, factoring, corredoras de bolsas, administradoras de fondos y una firma especializada en crédito automotriz. La operación fue aprobada la semana pasada por la Fiscalía Nacional Económica.
Esto, "responde a una eventual pérdida de flujos para la compañía, en caso de materializarse el término anticipado de las concesiones mencionadas anteriormente, o una renovación, pero con una mayor carga de inversiones. Ello, sumado al pago de la multa", dijo la clasificadora de riesgo.
Jaime Wilhelm y Claudio Tessada, exejecutivos de Dreams, se enfrentan a una acusación de colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La FNE alega que recibieron bonos ligados a la renovación de permisos de casinos en 2020 y 2021, lo que habría incentivado la colusión. Sin embargo, los ejecutivos niegan haber recibido dichos bonos y buscan revertir las acusaciones. Dreams ha marcado distancia con los dos ex gerentes.
“Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy S.A. en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación". dijo la compañía.
De acuerdo a la FNE, desde esta aplicación se fraguaron las reuniones entre el expresidente del directorio de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky y el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm.
"Las penas o las sanciones que se están pidiendo son las más altas que se han pedido en la implementación de este tipo de ley. Estamos hablando de US$150 millones. La evidencia que tiene la Fiscalía es muy contundente", dijo el secretario de Estado.