En el documento se recalca que este caso constituye una de las negligencias administrativas más graves de los últimos años, afectando la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.
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En el oficialismo y sectores del gobierno apuntan a la abogada como una de las responsables del "bochorno", quien es especialista en derecho público. Ella es quien debe cuidar la legalidad y constitucionalidad de los decretos que firma el Presidente. Pese a las recriminaciones internas, desde ese ministerio insisten en que la responsabilidad es de Bienes Nacionales.
El viernes pasado, en el primer consejo de gabinete del futuro gobierno de Gabriel Boric, anunciaron el rol que jugará la abogada de la Universidad de Chile. La jurista, quien es cercana al mandatario, ya tuvo un paso por esa misma división -entonces dirigida por William García- en el último gobierno de Michelle Bachelet y jugará un papel clave en la dupla entre el diputado RD y la subsecretaria de esa cartera, Macarena Lobos.
