Luego del estallido del escándalo por las transferencias directas a la fundación ligada a RD, expertos y centros de pensamiento han puesto sobre la mesa una batería de cambios para cautelar el buen uso de los recursos públicos. La creación de una ley marco para estas operaciones, una plataforma unificada de información, acotar al mínimo el trato directo entre el Estado y fundaciones, mejorar los gobiernos corporativos y subir el estándar de transparencia activa y fiscalización de las instituciones sin fines de lucro, son algunas de las propuestas.
