Desde la defensa del ingeniero civil lamentaron la determinación y aseguraron que era esperable que el tribunal de alzada le permitiera trabajar a su cliente.
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Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, declaró como testigo el pasado 18 de abril, mismo día en que entregó su versión el ministro Carlos Montes. Y en medio de la diligencia, fue tajante en sostener: "Nunca presioné a Carlos Contreras ni a nadie, solo hice mi trabajo de la mejor forma".
Por disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la diligencia se desarrollará el próximo 18 de julio. En la jornada de este martes, en tanto, la misma instancia revisará las medidas cautelares que pesan sobre el exmandamás de la disuelta fundación.
El gobernador metropolitano se refirió esta tarde al caso contra la fundación y afirmó que también han realizado acciones contra la aseguradora Porvenir, a la que acusan de no pagar póliza de garantía de los montos no devueltos por la ONG, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, por un programa de salud mental en la RM.
Por intermedio de sus abogados el exmandamás de la disuelta fundación solicitó autorización para asistir a una hora médica. De esta forma, será la primera vez en más de dos meses y medio que saldrá de su domicilio en la comuna de La Florida.
A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
El titular del Minvu afirmó que desde su cartera “lo único” que esperan, “es que esto avanzara, que se clarificara, que se sancionara a quien haya que sancionar”.
"Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe", aseguró el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric ante diputados de la instancia.
La determinación del 17° Juzgado Civil de Santiago se da tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, instancia que recibió inconsistencias detectadas por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, se advirtió que no destinaron su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social.
"La determinación de esto, como en todos los casos, le corresponde a los poderes colegisladores. Y nosotros en eso somos respetuosos en señalar el punto, pero esperar cuáles son las soluciones y las determinaciones que tomen los gobiernos”, manifestó la contralora subrogante.
Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
A más de 300 días de que estallara el escándalo del “lío de platas” a raíz de las irregulares transferencias de recursos públicos a ONG, el fiscal insiste en que no ha existido sesgo en la investigación y que todos los involucrados, independiente de su condición de autoridades, serán indagados.
Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El abogado Gonzalo Medina, aseguró que la diputada no tuvo "ninguna intervención" en los convenios firmados entre la fundación y el Minvu. "Por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseveró.
