Persisten las interrogantes respecto del caso que mantiene al magistrado bajo amenaza de acusación constitucional. Y es que pese a que fue inhabilitado, el planteamiento que emitió en un proyecto de fallo antes de que la causa fuera anulada, fue tomado de manera íntegra por quien lo reemplazó.
Nuevas declaraciones de un ejecutivo y un asesor de la empresa ante la PDI, en la investigación por la denuncia por prevaricación en el rechazo del proyecto Egaña-Comunidad Sustentable, en Ñuñoa, cuantifican millonarios perjuicios económicos: más de medio millón de UF. Los testimonios también cuestionan la imparcialidad de la votación realizada por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana.
Representante de inmobiliaria Fundamenta solicitó apertura de indagatoria afirmando que Graciel Muñoz, jueza de Garantía, habría recibido información privilegiada por parte de su padre, en torno al avance de un proyecto en el que ella invirtió.
Quien fuera el abogado del proyecto inmobiliario Fundamenta, y que años atrás logró inhabilitar al presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal, decidió arremeter -ahora en el plano ético- en contra del magistrado. Esto, aprovechando que la comisión ad hoc está investigando a otros ministros por reportajes de Ciper que los involucran en presuntos actos de tráfico de influencias. La principal prueba, se lee en el escrito, serían las conversaciones entre la hija del magistrado y su ejecutiva inmobiliaria en la que le habría pedido recuperar sus abonos para un proyecto, ya que -según la acusación- sabía el resultado de la sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de dichos inmuebles.
Las ministras Carolina Tohá y Maisa Rojas negaron haber influido en la evaluación de un proyecto sanitario en Quilicura, tras una querella presentada por la exseremi Patricia Hidalgo a fines de 2022. Tohá afirmó no haber dado instrucciones, el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson declaró no tener vinculación alguna con el proyecto; y Rojas sostuvo que nunca recibió comentarios sobre ese proyecto de parte de otros funcionarios. La delegada presidencial y su jefe de gabinete explicaron cómo y por qué se creó un grupo de WhatsApp con los seremis metropolitanos.
Fundamenta presentó en diciembre del año pasado una querella criminal contra funcionarios de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) por prevaricación administrativa, acusándolos de haber rechazado deliberadamente y sin justificación técnica el proyecto inmobiliario Egaña Sustentable. Esto causó la pérdida de más de 600 empleos y un daño económico significativo, indica la firma.
Inmobiliaria Fundamenta -propiedad del empresario Pablo Medina- detalló a Pulso que la iniciativa ubicada en la intersección de las avenidas Américo Vespucio e Irarrázaval, ya lleva más del 40% de avance en su construcción. Asimismo, destacó que actualmente son 600 los trabajadores directos e indirectos que forman parte de la obra, que considera una inversión de US$300 millones y el emplazamiento de cuatro torres.
El organismo afirma que en los decretos que aprobaron la contratación de FIMA, una ONG especialista en litigación en conflictos socio-ambientales, no se contemplaron los motivos de la contratación, ni la verificación de la idoneidad técnica del prestador, y no se explicaron las razones por las cuales ese trabajo no podía realizarse con de la municipalidad. La alcaldía apelará al dictamen. En paralelo, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, oficiaba como asesor de la fundación Democracia Viva, a la que renunció tras el escándalo.
Este viernes el socio fundador de Inmobiliaria Fundamenta, Pablo Medina recibirá a los invitados en la obra del proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable, ubicada en en la comuna de Ñuñoa, en la esquina de Avenida Irarrázaval y Américo Vespucio. La ceremonia busca bendecir los trabajos realizados.
“Uno ve hacia atrás las reacciones de personas que hoy están ejerciendo puestos de autoridad que quizás fueron destempladas, que quizás generalizaron demasiado y eso se ha asumido bastante”, reconoce la alcaldesa RD de Ñuñoa. Además, plantea: “Lo que estamos enfrentando es delincuencia y criminalidad, algo que el FA jamás ha apoyado”.
La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, apunta ahora en contra de la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos (RD). Según Hidalgo, la jefa comunal y otros funcionarios públicos de la COEVA “se concertaron y coludieron para rechazar el proyecto, sin fundamento técnico o legal”. Ello, luego de citar la conversación entre los seremis con la delegada presidencial Constanza Martínez en el chat de WhatsApp denominado “Comisión Ambiental”, creado por su jefe de gabinete, Miguel Concha.
La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) sostuvo que “una lección que nos deja este caso es que necesitamos con urgencia una institucionalidad ambiental que ponga en el centro a la calidad de las personas y que pueda ser compatibilizado con un crecimiento sostenible en el tiempo".
El empresario se muestra satisfecho con la sentencia favorable de la Tercera Sala. Dice que el laudo pone término a los intentos por invalidar el permiso ambiental del proyecto, pero al mismo tiempo, detalla que actualmente están evaluando iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile debido a los daños ocasionados por la paralización de las obras, que superan las 400 mil UF
La sentencia tuvo los votos a favor de la inmobiliaria de Ángela Vivanco, Mario Carroza, Diego Simpértigue y Dobra Lusic, y en contra, de Mario Gómez, quien fue del parecer de acoger la reclamación presentada por los vecinos opositores a la iniciativa, debido a la disminución de horas de luz solar que provocaría el complejo inmobiliario, ubicado al costado de la Plaza Egaña.
La compañía del empresario Pablo Medina, a través de su abogado Marco Antonio Fuentes, presentó el pasado 15 de febrero un escrito en el que anunció que delegaba poderes en Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, y hoy socio del estudio Schultz Carrasco & Benítez.
