Con el ingreso del reglamento a la Contraloría se dio el último paso para aplicar la ley que, si bien regula un serio problema de orden público, revela un fracaso del Estado, incapaz de responder de manera enérgica ante ese fenómeno y hacer cumplir las normas vigentes.
Establece una serie de disposiciones para las ceremonias fúnebres en las que se que presuma que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público.
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones que hizo el Senado a la iniciativa.
El senador DC, presidente de la Comisión de Seguridad, agregó que "si hay diferencia, lo resolveremos".
Entre mayo de 2019 y mismo mes del año pasado se registraron 1.736 funerales de alto riesgo que generaron una serie de dificultades de orden público y obligaron la presencia de un gran contingente de efectivos policiales. El proyecto que se encuentra en segundo trámite en el Senado busca poner fin a este tipo de situaciones.
El presidente de la instancia, senador Iván Flores destacó que este es el último proyecto del fast track que quedaba en esta instancia y que, y entre otras medidas, establece un plazo máximo de 24 horas para todo el proceso funerario.
“Es una iniciativa que ha sido pedida por la gran mayoría de los alcaldes del país y que sabemos debe regularse para evitar todos los hechos que hemos conocido cada vez que se producen funerales de este tipo”, señaló el presidente de la comisión, Iván Flores.
Según información de la Subsecretaría de Educación, en lo que va de año dos establecimientos han tenido que suspender sus jornadas por motivo de seguridad asociados a funerales de alto riesgo: en Antofagasta y en Talagante, lo que contrasta con los más de 100 que dejó el inicio de 2023.
Según el balance de Carabineros, diez comunas del país, cuatro de ellas de la Región Metropolitana, agrupan el 36% de estos cortejos fúnebres de riesgo social.
El auge de la tasa de homicidios en el país trajo consigo un aumento de los funerales de alto riesgo. Así lo miden en números las funerarias que, a menudo, deben lidiar con peticiones fuera de límite, enfrentamientos entre familiares y carabineros, además de balazos al aire.
