La iniciativa establece un plazo máximo de 24 horas para la realización de un funeral considerado “de riesgo”, lo que será definido por Carabineros e informado al delegado presidencial para que emita la resolución respectiva. También se aplicará la pena máxima posible a quien, en el contexto de estos funerales, incumpla normas como el uso de armas, fuegos artificiales, consumo de alcohol y drogas, entre otros.
