La operación, que habia sido anunciada en mayom implicó el traspaso del 100% de la propiedad a sociedad de Inversiones Arco 4 SpA, vehículo de inversión de Arroyo Energy Investment Partners LLC.
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La Corte confirmó que la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la que se dio en respuesta a una consulta presentada por Conadecus.
Gasmar sostuvo que la acusación en su contra se produjo en un "contexto de desconfianza generalizada", advirtiendo que ha sufrido "injustos ataques" a partir de la formulación de cargos que realizara la Superintendencia de Medio Ambiente, los que han implicado un "grave impacto para la imagen de la compañía".
A través de un comunicado, la empresa insistió en que "no existe evidencia de ningún tipo que relacione nuestros supuestos incumplimientos con los episodios recientes que han afectado nuestra cuenca".
Pese a que se detectaron graves incumplimientos, desde la superintendencia aseguraron que los datos recopilados "no entregan elementos suficientes, por ahora, como para imputar responsabilidad en los lamentables episodios de contaminación que afectaron a los vecinos".
Enap acusó a la autoridad de eludir la institucionalidad, asegurando que sus medidas previsionales como el cierre de estanques debieron "contar con la autorización previa del Tribunal Ambiental". Más directo aún, solicitó a la SMA analizar con cautela lo afirmado por Gasmar frente a la emergencia, luego que un informe encargado por el propio Ministerio de Medio Ambiente la sindicara como responsable de los malos olores de la zona.
Contactado hoy por La Tercera PM, el profesor Cereceda, autor del informe declinó efectuar declaraciones sobre su estudio aduciendo que firmó una cláusula de confidencialidad que le impedía realizar comentarios. Más aún, advirtió, luego que el pasado martes (21 de agosto) recibió de parte del propio Ministerio de Medio Ambiente un correo electrónico que le recordó dicho compromiso.
