La portavoz del Ejecutivo se limitó a señalar que la investigación referente a "si hubo o no uso de gastos reservados y si se usaron correspondientemente (...) está radicado en Interior".
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La jueza Carolina Escandón apuntó directamente al trabajo investigativo, el cual fue llevado a cabo por el fiscal José Morales y la Brigada de Lavado de Activos de la policía. "Si bien la detección de patrones sospechosos es el punto de partida, una acusación de lavado de activos debe ir mucho más allá, donde la solidez probatoria es fundamental", señaló la magistrada. Se trata del mayor fracaso del Ministerio Público desde el caso Bombas I.
Fue el propio general director, Ricardo Yáñez, quien solicitó más fondos para esta glosa en dos oportunidades. La primera, ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara y, la segunda, ante la subcomisión mixta que discute los fondos para 2014. Su principal fundamento: el crimen organizado aumentó y también la demanda de más seguridad en las macrozonas Norte y Sur.
La fiscal Patricia Cerda pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago "la correspondiente citación judicial" de distintos funcionarios públicos que conocieron el funcionamiento de entrega de estos cuestionados fondos. El Ministerio Público acusó a tres exgenerales directores de sustraer y permitir que "terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos". En total, según el Ministerio Público, Gordon, González Jure y Villalobos habrían malversado, en total, $3.005 millones.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte comunicó el cierre de la investigación y formuló acusación en contra de los tres altos mandos de la institución policial desde 2008 a 2018, por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó acusación en contra de Héctor Espinosa por haber, presuntamente, desviado a sus cuentas bancarias, y a las de su esposa, cerca de $146 millones durante seis años. En el escrito ingresado al tribunal se señala que "parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito".
El abogado Jorge Bofill ingresó un recurso de amparo ante la Corte Marcial donde sostiene que el auto de procesamiento del otrora mandamás del Ejército se fundó en graves errores que vulneran las garantías de su cliente. Por lo mismo, piden que la imputación realizada por la ministra en visita se declare ilegal y, por consiguiente, que se proceda a su inmediata liberación.
Según los antecedentes recopilados por los investigadores, y presentados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Héctor Espinosa habría utilizado estos fondos para adquirir un vehículo para su hijo por $7,7 millones.
La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.
Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.
Por 2 votos contra 1, el tribunal de alzada capitalino declaró la prescripción de las conductas que se le atribuyen a la ex subsecretaria de Carabineros, en medio de una investigación en la que estaba formalizada por malversación de caudales públicos. Ahora sólo queda un recurso de queja para impugnar la resolución que impide que se le siga indagando por los sobres con dinero en efectivo que recibía -según algunos policías- y que provenían de fondos de gastos reservados.
La exministra de Justicia, imputada por malversación de caudales públicos, viajará a Guatemala, sin embargo, se le fijó el pago previo de una fianza de $ 8 millones para asegurar su retorno. En la solicitud, su abogada Paula Vial expuso que "su experiencia en la materia y sus aportes serían de gran importancia para nutrir las discusiones”.
La ministra en visita, Romy Rutherford, requisó dos cuentas que el excomandante en jefe del Ejército mantenía en compañías de seguros, quedando congelados a la espera de una condena en la causa y poder así restituir los gastos reservados presuntamente desviados. Además, debió hacer entrega de su teléfono personal a sus custodios, luego de que se identificara que lo mantenía en la cabaña donde se encuentra en prisión desde hace dos semanas.
El exuniformado está en calidad de detenido desde el jueves de la semana pasada luego de que la jueza lo citara a declarar en calidad de inculpado. La magistrada lo está investigando en la arista del fraude del Ejército que indaga el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de los gastos reservados de esta rama castrense y también por el presunto delito de falsedad de documento militar. En total se le responsabiliza por haber hecho un uso irregular de más de $ 6.300 millones de pesos.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo que ordenaba la reclusión del exgeneral director de Carabineros en un recinto cerrado. Quien fuera el máximo representante de la policía uniformada terminó así casi tres meses de reclusión por el caso de malversación de gastos reservados, donde su última estancia la vivió en Sucre, recinto donde compartió dependencias con tres oficiales imputados por delitos ocurridos durante el estallido social.
