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Ambos generales directores (R) están en prisión preventiva tras haber sido formalizados por malversar millonarios montos desde gastos reservados. En un inicio se determinó que se les trasladara a la Escuela de Oficiales para cumplir la medida cautelar, a diferencia de otros miembros de la policía uniformada que son destinados al centro de cumplimiento Sucre, lo que fue interpretado por algunos como una prerrogativa. La institución, a través de un escrito al tribunal, intentó revertir la situación y que los imputados fueran destinados a las dependencias de Ñuñoa. Sin embargo, un juez se opuso.

Los imputados deberán cumplir la medida en el centro de detención Sucre, de la policía uniformada, hasta que la Escuela de Carabineros informe al tribunal que puede acoger a los detenidos. Las audiencias por este caso comenzaron el martes, cuando se formalizó a la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, quien, según la fiscalía, habría recibido gastos reservados por un total de $ 42.138.000 entre 2008 y 2010. El tribunal decretó para ella las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

En el Séptimo Juzgado de Garantía se desarrolla la tercera audiencia de formalización de los altos mandos de Carabineros indagados por malversación de gastos reservados. El legista que representa a González Jure aseguró que "aquí no hay compras de vehículos, no hay compras de terrenos, no hay compras de casas, no hay incremento en sus cuentas corrientes de ningún tipo".

Las pesquisas se hicieron de cada año en que la abogada ejerció como subsecretaria, concluyendo que también habría recibido gastos reservados entre 2008 y 2010. En detalle se expone que en total, habría recibido $42.138.000. Son más de 5 mil los movimientos financieros investigados, "siendo de interés criminalístico (en atención las sumas depositadas, fechas y denominación de billetes utilizados), los siguientes movimientos: 8 depósitos, uno de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de $ 20.000 y billetes de $ 10 mil”.

El exdirector general Marcos Vásquez y quienes fueran jefes de las direcciones de Inteligencia y Antinarcóticos fueron requeridos por el Ministerio Público para saber cómo utilizaban estos fondos y qué sabían del mecanismo de Héctor Espinosa, el hasta hace poco líder de la institución. Además, los persecutores preparan la "invitación" al actual director, Sergio Muñoz.

El 5 de octubre, la exministra de Justicia y el retirado general director de Carabineros, quienes mantuvieron una estrecha relación de amistad, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Tras cuatro años de investigación el Ministerio Público decidió imputarles autoría en el delito de malversación de gastos reservados. En el expediente hay decenas de testimonios que apuntan a cómo la exsubsecretaria de la policía uniformada recibía mensualmente una especie de "sobresueldo" en sobres sellados. El CDE estima que Javiera Blanco se habría apropiado de cerca de $ 47 millones. Su defensa niega los cargos y asegura que demostrará su inocencia.

La investigadora Patricia Cerda solicitó la audiencia de imputación de cargos, la cual fue fijada para el 5 de octubre. A la exministra de Justicia se le atribuye el desvío de fondos, entre 2007 y 2011, periodo en que fue subsecretaria de Carabineros. Querella del CDE la acusó de malversar más de $ 47 millones.

El jefe del Ministerio Público de Magallanes Eugenio Campos, ingresó un escrito en el que solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago anticipar la fecha en que se imputarán cargos a Héctor Espinosa, su esposa y un exayudante. Si bien este trámite ya tiene día programado -el 13 de octubre-, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevarían al Ministerio Público a pedir la prisión preventiva.

El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que -según el expediente- ingresó el exmandamás de la policía civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del SII. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre $ 1 millón, $ 5 millones y en una oportunidad hasta $ 20 millones en puros billetes. El CDE ya presentó la querella y la justicia se alista a fijar audiencia en contra de la exalta autoridad de la PDI.

Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.

El texto original del Ejecutivo proponía destinar $ 1.810 .834 millones para gastos reservados cuya ejecución debiesen ser informada trimestralmente a la segunda Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El Consejo de Defensa del Estado presentó una acción legal en contra de Anita María Pinochet ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esta es la primera querella del Fisco dirigida hacia la esposa del excomandante en jefe del Ejército, quien fue formalizado por la fiscalía en junio de 2019 por presunto lavado de activos.

Jueza rechazó con costas la solicitud y Corte Marcial la confirmó. La magistrada dice en su resolución que "se trata de un actuar más propiamente dilatorio que provoca un desgaste innecesario, tanto para las partes como el tribunal".

El excomandante en jefe del Ejército ha declarado en ocho ocasiones ante la ministra en visita, quien lo procesó por la presunta malversación de $ 4.500 millones en gastos reservados. Pero, no todo han sido negativas, pues el exoficial habría reconocido algunas compras con estos fondos.

El exgeneral director de Carabineros Hermes Soto indicó que su antecesor, Bruno Villalobos, falseó su testimonio ante el Ministerio Público. Además, relató inéditos detalles de cómo fue el traspaso de mando el año pasado.