Por 2 votos contra 1, el tribunal de alzada capitalino declaró la prescripción de las conductas que se le atribuyen a la ex subsecretaria de Carabineros, en medio de una investigación en la que estaba formalizada por malversación de caudales públicos. Ahora sólo queda un recurso de queja para impugnar la resolución que impide que se le siga indagando por los sobres con dinero en efectivo que recibía -según algunos policías- y que provenían de fondos de gastos reservados.
La exministra de Justicia, imputada por malversación de caudales públicos, viajará a Guatemala, sin embargo, se le fijó el pago previo de una fianza de $ 8 millones para asegurar su retorno. En la solicitud, su abogada Paula Vial expuso que "su experiencia en la materia y sus aportes serían de gran importancia para nutrir las discusiones”.
La ministra en visita, Romy Rutherford, requisó dos cuentas que el excomandante en jefe del Ejército mantenía en compañías de seguros, quedando congelados a la espera de una condena en la causa y poder así restituir los gastos reservados presuntamente desviados. Además, debió hacer entrega de su teléfono personal a sus custodios, luego de que se identificara que lo mantenía en la cabaña donde se encuentra en prisión desde hace dos semanas.
El exuniformado está en calidad de detenido desde el jueves de la semana pasada luego de que la jueza lo citara a declarar en calidad de inculpado. La magistrada lo está investigando en la arista del fraude del Ejército que indaga el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de los gastos reservados de esta rama castrense y también por el presunto delito de falsedad de documento militar. En total se le responsabiliza por haber hecho un uso irregular de más de $ 6.300 millones de pesos.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo que ordenaba la reclusión del exgeneral director de Carabineros en un recinto cerrado. Quien fuera el máximo representante de la policía uniformada terminó así casi tres meses de reclusión por el caso de malversación de gastos reservados, donde su última estancia la vivió en Sucre, recinto donde compartió dependencias con tres oficiales imputados por delitos ocurridos durante el estallido social.
Ambos generales directores (R) están en prisión preventiva tras haber sido formalizados por malversar millonarios montos desde gastos reservados. En un inicio se determinó que se les trasladara a la Escuela de Oficiales para cumplir la medida cautelar, a diferencia de otros miembros de la policía uniformada que son destinados al centro de cumplimiento Sucre, lo que fue interpretado por algunos como una prerrogativa. La institución, a través de un escrito al tribunal, intentó revertir la situación y que los imputados fueran destinados a las dependencias de Ñuñoa. Sin embargo, un juez se opuso.
Los imputados deberán cumplir la medida en el centro de detención Sucre, de la policía uniformada, hasta que la Escuela de Carabineros informe al tribunal que puede acoger a los detenidos. Las audiencias por este caso comenzaron el martes, cuando se formalizó a la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, quien, según la fiscalía, habría recibido gastos reservados por un total de $ 42.138.000 entre 2008 y 2010. El tribunal decretó para ella las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
En el Séptimo Juzgado de Garantía se desarrolla la tercera audiencia de formalización de los altos mandos de Carabineros indagados por malversación de gastos reservados. El legista que representa a González Jure aseguró que "aquí no hay compras de vehículos, no hay compras de terrenos, no hay compras de casas, no hay incremento en sus cuentas corrientes de ningún tipo".
Las pesquisas se hicieron de cada año en que la abogada ejerció como subsecretaria, concluyendo que también habría recibido gastos reservados entre 2008 y 2010. En detalle se expone que en total, habría recibido $42.138.000. Son más de 5 mil los movimientos financieros investigados, "siendo de interés criminalístico (en atención las sumas depositadas, fechas y denominación de billetes utilizados), los siguientes movimientos: 8 depósitos, uno de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de $ 20.000 y billetes de $ 10 mil”.
El exdirector general Marcos Vásquez y quienes fueran jefes de las direcciones de Inteligencia y Antinarcóticos fueron requeridos por el Ministerio Público para saber cómo utilizaban estos fondos y qué sabían del mecanismo de Héctor Espinosa, el hasta hace poco líder de la institución. Además, los persecutores preparan la "invitación" al actual director, Sergio Muñoz.
El 5 de octubre, la exministra de Justicia y el retirado general director de Carabineros, quienes mantuvieron una estrecha relación de amistad, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Tras cuatro años de investigación el Ministerio Público decidió imputarles autoría en el delito de malversación de gastos reservados. En el expediente hay decenas de testimonios que apuntan a cómo la exsubsecretaria de la policía uniformada recibía mensualmente una especie de "sobresueldo" en sobres sellados. El CDE estima que Javiera Blanco se habría apropiado de cerca de $ 47 millones. Su defensa niega los cargos y asegura que demostrará su inocencia.
La investigadora Patricia Cerda solicitó la audiencia de imputación de cargos, la cual fue fijada para el 5 de octubre. A la exministra de Justicia se le atribuye el desvío de fondos, entre 2007 y 2011, periodo en que fue subsecretaria de Carabineros. Querella del CDE la acusó de malversar más de $ 47 millones.
El jefe del Ministerio Público de Magallanes Eugenio Campos, ingresó un escrito en el que solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago anticipar la fecha en que se imputarán cargos a Héctor Espinosa, su esposa y un exayudante. Si bien este trámite ya tiene día programado -el 13 de octubre-, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevarían al Ministerio Público a pedir la prisión preventiva.
El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que -según el expediente- ingresó el exmandamás de la policía civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del SII. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre $ 1 millón, $ 5 millones y en una oportunidad hasta $ 20 millones en puros billetes. El CDE ya presentó la querella y la justicia se alista a fijar audiencia en contra de la exalta autoridad de la PDI.
Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.
