Según Maximiliano Murath "todos los recursos que ingresaron al patrimonio (del excomandante en jefe del Ejército) responden a su salario, a sus viáticos, a sus designaciones, y no provienen de gastos reservados. Lo que se discute es otra cosa: si lo que usó el General Fuente-Alba como comandante en jefe cabe o no en la hipótesis de gastos reservados, no que él se haya apropiado de esos recursos o haya incrementado su patrimonio".
Recorridos por Europa y viajes recurrentes a Punta Cana y Playa del Carmen, con su esposa y comitiva y con estadías en hoteles cinco estrellas, todo ello con cargo al Estado. Así fueron las giras del General Fuente-Alba cuando ejercía como jefe castrense.
En junio de ese año, Jorge Bermúdez envió un oficio a la entonces Presidenta, asegurando que los gastos de instituciones públicas claves se informan "sin respaldo alguno".
A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".
Pocos meses antes de morir en la cubierta del "Huáscar", el capitán Arturo Prat fue enviado a Argentina en una misión de espionaje, en 1878. El gobierno le entregó dinero para costear su cometido. A su regreso rindió cuentas y devolvió lo que no gastó. Dos autores que han escrito sobre esa faceta del héroe y un experto en Defensa detallan cuánto pesa su ejemplo. Especialmente en comparación con los $3.500 millones de gastos reservados que la justicia le imputa al general Fuente-Alba haber malversado.
El general (R) recurrió a varios subterfugios para ocultar el dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército que incrementaron su patrimonio. Por eso, la Fiscalía lo formalizará por lavado de dinero en las próximas semanas. En el expediente surge un dato hasta ahora desconocido: unos meses antes de dejar el Ejército, en 2014, giró US$ 250 mil, la totalidad del saldo de los gastos reservados destinados a su mandato.
A comienzos de diciembre, la ex ministra Javiera Blanco declaró como testigo en la arista que se desprendió de la investigación por el millonario fraude en Carabineros, y que tiene relación con el uso irregular de gastos reservados en esa institución. Justo después de que ella negara haber recibido parte de esos fondos cuando fue subsecretaria de Carabineros (2006-2010), la fiscal Patricia Cerda le enrostró seis testimonios y un documento que la vinculan directamente con el desvío de ese dinero.
El martes 15, la jueza Romy Rutherford pidió información de los viajes realizados en los últimos 10 años por 46 generales, incluido el comandante en jefe, Ricardo Martínez. En los pasillos de tribunales es comentario obligado la inédita diligencia ordenada por la magistrada, quien se alista a procesar a los dos últimos máximos jefes de la institución castrense: Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba.
Ayer la Comisión de Hacienda comenzó la discusión de esta iniciativa.
La iniciativa será presentada hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En el detalle se establece la obligación de los ministerios y entidades de identificar las unidades operativas de los ministerios y entidades que requerirán para su operación el uso de los gastos que en él se señalan.
El diputado calificó como "grave" la determinación y fue claro en señalar que "ningún peso del financiamiento de las unidades que están siendo analizadas o investigadas viene de gastos reservados".
La propuesta del gobierno destina $ 4 mil millones a dichos gastos para las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas -Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros- cifra que en oposición han resentido en vista de las irregularidades que se han denunciado en el gasto de esos dineros.
De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, los recursos para la Presidencia de la República no presentan variación en su presupuesto, mientras que los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, los ven disminuidos en 19% y 13%, respectivamente.
La actual consejra del CDE se refirió, mediante un comunicado, al levantamiento patrimonial que la Unidad de Corrupción de la Fiscalía Nacional le realizó en junio de 2017.
