La tenencia de aparatos que permitan la comunicación de los reclusos con el exterior se considera delito y, quien sea sorprendido, arriesga penas de presidio en su grado mínimo a medio.
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Cárceles Duodécimo operativo en cárceles termina con la incautación de 201 litros de licor artesanal
El operativo se efectuó en 26 unidades penales del país.
El Ejecutivo logró destrabar una situación que ya se encumbraba por los 100 días de duración, en conversaciones que incluyeron acuerdos y el término del castigo por el secuestro de gendarmes. El gobierno niega negociaciones secretas o irregulares, aunque la oposición recalca que estarían cediendo ante la violencia y contraviniendo las normas.
En una declaración voluntaria, el sujeto señaló que cobraba $180.000 por ingresar un teléfono a la cárcel y que ingresaba semanalmente dos o tres aparatos, y ocasionalmente también droga.
Por su parte, en el caso de las cárceles concesionadas, la institución gastó en promedio al mes, por cada recluso, $ 485.335, a los que se suman recursos del Ministerio de Justicia. De todos modos, el total de esta segunda modalidad es levemente inferior ($ 922.376) al desembolso en las cárceles administradas directamente por el Estado. Pese a que el presupuesto de Gendarmería creció 6,19% el año pasado, el aumento en el número de internos generó que el gasto per cápita bajara.
Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando agentes de la Gendarmería desalojaron un bloqueo de ruta que realizaban miembros de una comunidad mapuche en reclamo de tierras propiedad del grupo italiano Benetton, protesta en la que participaba la víctima.
El Senado ratificó el proyecto de ley tipifica como delito la posesión de dispositivos electrónicos dentro de los recintos penitenciaros. Revisa más detalles a continuación.
Sala del Senado respaldó la iniciativa que penaliza la tenencia de teléfonos móviles, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de recintos penitenciarios, aprobando por unanimidad la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre ambas cámaras y el Ejecutivo.
Hubo incidentes en las afueras del Tribunal de Angol. Familiares protagonizaron forcejeos con personal de Gendarmería para intentar ingresar a la fuerza al recinto.
En respuesta a un oficio de fiscalización de los diputados UDI, el Ministerio de Justicia informó que el Estado ofrece el Programa de Intermediación Laboral para ayudar a quien lo solicite en términos voluntarios. Sin embargo, todo indultado, además de establecer domicilio y firmar periódicamente ante centros de Gendarmería, sí está obligado a acreditar "el ejercicio de profesión, oficio o estudio".
La situación fue considerada grave y, por lo mismo, el abogado Francisco Cox interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la Fiscalía Nacional con miras a que ordene la confección del registro. Como explicó, los mencionados antecedentes son clave para dirigir acciones para fortalecer el combate del crimen organizado, lo que justamente fue posicionado como una prioridad por el fiscal Ángel Valencia.
El funcionario recibía dinero por parte de un grupo de internos para la comisión de los delitos. Los reclusos también fueron condenados por soborno, sumando días de condena y pago de multas.
“Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público y se tomó contacto con las policías para activar la búsqueda y captura de las evadidas”, indicó Gendarmería en un comunicado, agregando que “de igual forma, se instruyó la realización de un sumario administrativo”.
Traslado de los cabecillas a otros penales motivó una serie de ataques en la Macrozona Sur. Este lunes, desconocidos quemaron un galpón y una máquina retroexcavadora en Vilcún.
El funcionario, quien vivía en el penal, se le encontraron cinco cajetillas de cigarros con 217 gramos de marihuana, tres envoltorios con 36 gramos de pasta base de cocaína, teléfonos celulares y otros artículos electrónicos en el registro a su dormitorio y casillero. Se fijaron 120 días para le investigación.
