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Transversalmente, parlamentarios de diversas colectividades afirman que no se han cumplido todas las promesas del acuerdo que destrabó el erario de 2024, como es el aumento de recursos para la atención primaria u otras medidas para enfrentar las listas de espera. Para el trámite que viene anuncian que endurecerán el tono y solicitarán explicaciones a las autoridades.
Ciertamente es preocupante que en un asunto que impacta directamente en la salud de millones de personas todavía no sea posible advertir avances verdaderamente sustantivos.
El ente fiscalizador determinó, entre otras cosas, que 12.537 registros no se encontraban ingresados en el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) en el hospital de Antofagasta.
Pese a ciertos avances para reducir los tiempos de espera y asegurar atención de especialista, el país sigue con listas de espera muy abultadas, lo que exige sobre todo multiplicar los esfuerzos en gestión.
Un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián da cuenta que durante el primer trimestre de 2018 la cantidad de oportunidades GES oncológicas postergadas era de 2.834. Ahora, para ese mismo periodo en 2024, la cifra ascendió a 18.188. En ese contexto, donde más demora hay es en los cánceres que afectan a las mujeres.
Pionera investigación podría ser el punto de partida para desarrollar nuevos tratamientos para la enfermedad.
Cada tres años, el Minsal debe incluir nuevas garantías al plan que entrega cobertura a diversas enfermedades, lo que ahora ocurrirá en 2025. En ese contexto, la cartera está evaluando nueve problemas de salud. De acuerdo a los expertos, la selección es adecuada para atender las necesidades de la población, pero dudan si es que se pueden financiar todas o si es que el sistema pueda con la demanda.
Según destacó el subsecretario, hay 79.846 personas con garantías retrasadas, y la mediana de espera es de 77 días.
Ese es el cálculo que hace un informe del Instituto de Salud Pública UNAB, en base a lo que propone el gobierno en la ley corta, donde si bien el Ejecutivo no hizo una estimación del costo fiscal de dicha propuesta, este estudio lo proyecta en casi $333 mil millones para los primeros seis meses en caso de que caigan las isapres. Además, los autores plantean que esta ley corta no busca el equilibrio financiero de las aseguradoras al aplicar el fallo de la Suprema, sino más bien hacerse cargo de las consecuencias que se generarán tras la caída de las isapres por el modo en que se está aplicando la sentencia.
El regulador ya está definiendo si corresponde o no que las isapres hagan devoluciones en los 153 mil reclamos que han llegado a la autoridad. Además, la Superintendencia dictó instrucciones a las aseguradoras indicando cómo deben contabilizar en sus balances las eventuales devoluciones que deberán hacer.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que como gobierno les interesa que "se cumpla la sentencia y dar estabilidad al sistema privado”.
Producto de la baja de ingresos de 12% promedio que se generará en la industria desde enero, el superintendente Víctor Torres planteó que en febrero una primera isapre incumpliría indicadores legales en caso de que no se tome ninguna medida para mitigar ese efecto.
