El acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y el parlamento en mayo del 2024 buscaba agilizar la agenda legislativa frente a la inseguridad. Sin embargo, a meses de su anuncio, la tramitación ha sido mucho más lenta de lo esperado.
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El Ministerio Público confirmó que un testigo reservado declaró que el gobierno venezolano orquestó el homicidio del exmilitar.
El experimentado ministro de Hacienda y la militante comunista a cargo de Trabajo rompieron con la habitual tensión que caracterizó a ambas carteras en las últimas décadas y resolvieron disciplinadamente sus propias diferencias políticas y técnicas en privado. No son amigos y tampoco se conocían antes de llegar al gobierno, pero sabían que necesitaban el uno del otro. Las reuniones clave que viabilizaron el acuerdo, las conversaciones con Boric en La Moneda en los últimos meses, la arremetida de Marcel en la última milla y el papel decisivo del presidente de RN, Rodrigo Galilea, tras el favorable resultado de las municipales para su partido, son los hitos que marcan la ripiosa historia del proyecto previsional.
El Departamento del Interior de esa nación informó que “de conformidad con la reciente orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump", esa dependencia estatal "se enorgullece de anunciar la implementación de restauraciones de nombres que honran el legado de la grandeza estadounidense, esfuerzos que ya están en marcha".
La exministra abordó el caso frente al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Desde la defensa de la exautoridad señalaron que hay un compromiso con “el esclarecimiento de los hechos".
“La idea es eliminar cualquier diferenciación que haya, ante la ley o el Estado”, dicen desde la Casa Rosada en referencia al proyecto legislativo que no incluirá la derogación del matrimonio igualitario ni la ley de aborto.
En la sesión de ayer, el presidente de la comisión de Hacienda, Felipe Kast (Evópoli), aseguró que no se quería comprometer una fecha de votación del proyecto previsional, argumentando que algunos de sus pares de Trabajo querían revisar en detalle el documento que evacuó este último espacio.
La ONG Fundación Fuerza Ciudadana -presidida por un excandidato constituyente por el Partido Republicano- presentó una nueva acción contra el Presidente de la República. En esta ocasión, por utilizar fondos públicos con el fin de solventar su defensa como imputado en un acto que a juicio de los querellantes sería ilegal.
De los 96 integrantes de la instancia, 26 son funcionarios públicos de los cuales 24 trabajan en el Ejecutivo. De ellos, cuatro son ministros de Estado, entre los que destaca Camila Vallejo, quien pasó de ser la primera mayoría en 2020 a ocupar el puesto 64.
La sala de la Cámara Alta votó en general el proyecto presentado por un grupo transversal de senadores, que contempla que se instale un umbral electoral del 5% y la cesación del cargo del diputado o senador que renuncie al partido. El próximo paso es la discusión en particular en la comisión de Constitución, donde la iniciativa recibirá una batería de indicaciones.
La propuesta de la ministra del Trabajo no encontró piso en todo el oficialismo. La mayor parte de los partidos de gobierno recalcaron que se debía evitar impulsar este tipo de discusiones en medio de un momento clave para el pacto entre el gobierno y Chile Vamos.
"Como gobierno no nos vamos a referir a ese punto, si no que más bien, reiterar nuestra total disposición a colaborar”, señaló la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry al ser consultada por las declaraciones del persecutor.
