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Según detalla el director del Centro de Estudios de la Administración del Estado, que está a cargo de la iniciativa, el programa busca ser un "aporte para la gestión de las autoridades electas, para que puedan detectar y prevenir actos irregulares". Las actividades se iniciarán el 5 de noviembre.
Los gores han utilizado menos de un quinto de su erario y lo atribuyen a las mayores restricciones de la Ley de Presupuesto 2024, resultado de la crisis de los líos de platas por convenios entre instituciones del Estado y fundaciones. Al habitual difícil despegue del presupuesto en los primeros meses del año, suman demoras en el visaje de proyectos por parte de la Dipres, donde si bien reconocen el aumento de las exigencias de información y control, señalan que el tiempo de aprobación ha cumplido la normativa.
“Con la crisis de seguridad que estamos viviendo, con la importancia que se le ha dado a la agenda de seguridad, es impresentable que los gobiernos regionales, que tenemos las billeteras de las regiones, no tengamos esta facultad", acusó Claudio Orrego.
Ricardo Díaz, presidente de Agorechi, planteó que durante el período del ex contralor, la Contraloría les aplicaba criterios de otros servicios públicos o del sistema de compras públicas, lo que "dificultaba" comprender el funcionamiento de los GORE.
El pleno aprobó este jueves la conformación, función y facultades del consejo regional y las municipalidades. También se visaron artículos relativos a la descentralización. En esta última materia, destaca una norma que crea macrozonas, que serán conformadas por dos o más regiones.
El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Ricardo Díaz, afirma que si bien los cambios van en la dirección correcta, cuestiona que no se está abordando el tema desde dónde comenzó todo el lío de platas con fundaciones: los seremis y su asignación directa a privados.
De los 60 traspasos desde los gobiernos regionales, investigados por la Fiscalía, 19 tenían como objetivo realizar actividades formativas a través de distintos proyectos. A estos se suman otros 16 acuerdos en beneficio de la población, como ayuda a pescadores artesanales y familias vulnerables.
En el texto se dividen entre medidas de corto y mediano plazo. “El primer paso para avanzar en una mejor regulación de las transferencias del Estado debiese ser clasificarlas y generar un informe consolidado que permita tener una visión holística sobre el funcionamiento de la relación del Estado con la sociedad civil en las labores sociales”, señala el documento.
Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.
Andrea Macías expuso ayer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados: “La invitación que quiero hacerle a ustedes es que el desarrollo del país vendrá de la mano del desarrollo de los territorios. Chile no se desarrollará si seguimos con un foco centralista donde solo está la Región Metropolitana y lo que se ve al lado". Llamó, además, a avanzar en cambios en los controles pero no detener el avance de la regionalización.
El presidente de la Asociación, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que en la reunión que sostuvieron con el gobierno le manifestaron su preocupación por lo que podrían generar los hechos conocidos en el proyecto de Regiones más Fuertes. Asimismo, propusieron una serie de medidas para fortalecer los mecanismos de control.
Desde el Ejecutivo afirman que los cambio se ingresarían durante agosto y de esa manera avanzar en su discusión y votación. No obstante, los diputados de oposición que integran la Comisión de Hacienda, y debido a la situación que ha pasado con los gobiernos regionales, solicitarán aplazar el inicio de la votación.
El ministro de Hacienda Mario Marcel y la directora de Presupuestos Javiera Martínez, expusieron ante las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara. En sus presentaciones comprometieron mejoramientos en los controles del gasto. Entre ellos, se seguirán reduciendo glosas presupuestarias que establecen excepciones a normas generales. También se ampliará el requerimiento de concurso público a todas las transferencias a instituciones privadas y se aumentará la exigencia de antigüedad de las instituciones, a cinco años.
