El Ministerio Público requirió información al Gobierno Regional de Antofagasta, al Serviu y la Contraloría, luego de que abriera una investigación para conocer sobre presuntos delitos en la falta de rendición de $ 5.866 millones. Se trata de recursos que el Serviu debía devolver al Gore por un antiguo convenio para la construcción de viviendas.
El exmilitante de Revolución Democrática defiende tajantemente las labores realizadas por su administración en medio de la adjudicación de proyectos. Si bien asegura que hay mejoras que se pueden realizar, descarta faltas a la probidad. Como insiste, los reproches que enfrentan serían parte de estrategias electorales.
El ente contralor realizó una auditoría a las transferencias realizadas por la entidad encabezada por Ricardo Díaz a instituciones privadas, levantando, preliminarmente, cinco observaciones. De acuerdo con lo plasmado en un informe los evaluadores constataron controles ineficaces, procesos informales y actuaciones que ponen en riesgo la efectividad y eficiencia de los proyectos.
