La acción fue interpuesta en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría Regional por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
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La gobernadora enfrenta, por una parte, una denuncia por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en el Tricel, al mismo tiempo que ve cómo el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de todos los efectos legales que resulten de un dictamen de Contraloría en su contra.
La gobernadora de Coquimbo ha cultivado durante su gestión una tensa relación con los 16 miembros del Consejo Regional, quienes en marzo de 2022 presentaron ante el Tricel una solicitud de remoción ante lo que consideran una serie de irregularidades durante su mandato.
La situación fue alertada por el propio conductor de la autoridad, quien detalló las faltas en un informe que elevó a sus superiores administrativos del Gore.
