De momento vislumbran dos caminos para lanzar eventualmente una arremetida en contra del oficio del Ministerio del Medio Ambiente. El primero apunta a un recurso de protección, apelando a la libertad de emprendimiento que garantiza la Constitución, y debiera tramitarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras la segunda vía sería a través de una requerimiento ante la Contraloría General de la República.
