Para enfrentar la inmigración, principalmente haitiana, República Dominicana inició la construcción de un muro en la frontera con ese país a comienzos de 2022. Pero la construcción de lo que el Presidente Abinader denomina "valla inteligente" también suscita críticas.
Sólo hay unos 10.000 policías para los más de 11 millones de habitantes del país. Más de 30 agentes fueron asesinados entre enero y junio, y más de 400 instalaciones policiales no están operando debido a ataques de grupos criminales, según el grupo de derechos humanos.
El gobierno keniano desplegará 1.000 agentes de policía para asistir a la policía del país caribeño, según su ministro de Asuntos Exteriores, Alfred Mutua. Kenia respondió así a la petición del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien propuso en octubre que uno o más estados enviaran una “fuerza de acción rápida” para apoyar a Haití en su lucha contra las bandas criminales.
El organismo ha exigido la cooperación para “prevenir el tráfico y el desvío de armas ilícitas” hacia las pandillas, cuyo accionar ha sobrepasado a la policía. El Consejo también demandó mayor preocupación en la protección de los niños haitianos.
Por un lado, el primer ministro haitiano Ariel Henry ha venido pidiendo ayuda internacional desde hace meses, pero Estados Unidos se mantiene en la idea de apoyar a las fuerzas del orden en el país caribeño.
Antony Blinken, quien asistió en Trinidad y Tobago a una asamblea de la Comunidad del Caribe, habló un día antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna para analizar situación de Haití, en medio de creciente presión sobre la comunidad internacional para que despliegue una fuerza armada extranjera que el primer ministro haitiano Ariel Henry solicitó en octubre.
El temporal provocó el desbordamiento de varios ríos a lo largo de todo el país, por lo que más de 13 mil haitianos tuvieron que ser evacuados.
Los vigilantes han matado al menos a 164 personas desde que comenzó el movimiento denominado "bwa kale" en abril, según Naciones Unidas. Algunos vecindarios se preparan para la venganza de las pandillas.
Rodolphe Jaar, de 51 años, es el único de los 11 detenidos y acusados en EE.UU. por el asesinato de Moïse que se ha declarado culpable hasta ahora, en lo que es definido por la fiscalía como una asociación ilítica en Haití y Florida para obtener lucrativos contratos bajo un nuevo gobierno una vez que Moïse saliera del poder.
Considerado uno de los intelectuales vivos más importantes de su país, Casimir afirma que en Haití conviven hace siglos dos órdenes sociales paralelos: el del poder público, que habla en francés aunque el pueblo no lo entienda, y el de la vida comunitaria, que protege su cultura de la burocracia estatal. A esa insostenible dualidad, reforzada periódicamente desde el exterior, atribuye la inoperancia del Estado haitiano: ni tan Estado, según el sociólogo, ni tan haitiano.
Unas 200 bandas criminales, provistas de armas de guerra y orgullosas de ejercer la violencia sin miramientos, se disputan hoy el control de Puerto Príncipe y dejan centenares de muertos cada mes. Se financian secuestrando personas, por lo que nadie sale ya de su casa si no es indispensable. Hace tres semanas, la población se descargó con una ola de linchamientos y la “caza de bandidos”, machete en mano, devino en movimiento popular. El gobierno, o lo que queda de él, emitió hace meses una “llamada de socorro” al Consejo de Seguridad de la ONU, pero no está claro quién y cómo podría responderla.
A solo horas del fin del polémico Título 42, herramienta con la que el gobierno de Estados Unidos contuvo de manera momentánea la llegada de miles de migrantes acusando la defensa de la salud pública en plena pandemia, las autoridades volvieron a reafirmar que su cese no se traduce en la apertura indiscriminada de sus fronteras.
La inseguridad en la capital haitiana alcanzó niveles “comparables a los de un país en guerra”, alertó la ONU en un informe publicado esta semana. A la disputa entre bandas ahora se suman linchamientos y quemas a integrantes de los grupos criminales como respuesta a la espiral de violencia.
La Policía Nacional haitiana afirmó que agentes de una comisaría de Puerto Príncipe detuvieron y confiscaron armas a los sospechosos antes de que fueran “lamentablemente linchados por miembros de la población”. En un comunicado no ofreció detalles sobre cómo la turba pudo atacar a los presuntos delincuentes.
Rodolphe Jaar (50), de nacionalidad hatiana y chilena, asumió su culpablidad en una corte federal en Miami de conspirar para secuestrar y matar a Moïse. Jaar es el primero de los 11 acusados en Estados Unidos en ser declarado culpable por su responsabilidad en el magnicidio. Su sentencia está programada para el 2 de junio.
