“Quiero ser súper claro en que las conductas indebidas o acciones que se alejen de la doctrina y la ética no las voy a permitir y tomaré las máximas medidas si eso así se establece”, afirmó Eduardo Cerna.
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El detective llegó a ocupar el cargo más alto de la institución en 2021, luego de la salida de Héctor Espinosa, quien promovió su nombre reiteradamente en La Moneda. Además, el exdirector le presentó en su casa a Luis Hermosilla un año antes de un ascenso que dejó a tres oficiales caídos.
Ni el OS-7 de Carabineros ni el Ministerio Público pudieron dar con una pieza de importancia para su investigación en contra de Héctor Espinosa: el documento que daba cuenta de su historia institucional, donde se consignaban anotaciones negativas, observaciones y su conducta previa a ser jefe de la policía. La institución -con Sergio Muñoz al mando- reportó que el oficio no estaba.
La Fiscalía indaga el traspaso de información por parte de Sergio Muñoz al abogado, en que le advertía sobre las diligencias que pedía Carabineros en la causa por malversación y lavado de activos en contra de su antecesor, Héctor Espinosa. También se detectaron conversaciones de otras tres investigaciones.
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó acusación en contra de Héctor Espinosa por haber, presuntamente, desviado a sus cuentas bancarias, y a las de su esposa, cerca de $146 millones durante seis años. En el escrito ingresado al tribunal se señala que "parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito".
Según los antecedentes recopilados por los investigadores, y presentados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Héctor Espinosa habría utilizado estos fondos para adquirir un vehículo para su hijo por $7,7 millones.
De acuerdo con lo detallado por el Ministerio Público, en la audiencia efectuada este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se especificaron los actos de lavado de activos en los que habría incurrido el imputado, con la supuesta colaboración de su esposa, María Neira Cabrera, y del comisario Eduardo Villablanca.
La solicitud ingresada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y que extiende el plazo a tres meses, se da en el marco de la investigación en contra del exjefe policial; su cónyuge María Magdalena Neira; y su mano derecha, Eduardo Villablanca, quienes fueron formalizados en octubre de 2021 por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, y lavado de activos.
Fernando Carreño fue uno de los tres integrantes de la Quinta Sala del tribunal de alzada que modificó la medida cautelar del exdirector general de la PDI, quien a pesar de ser investigado por los delitos de malversación y lavado de activos, obtuvo el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. El juez es parte del cuerpo docente de la Escuela de Investigaciones Policiales de la institución, lo que, según explicó, no era impedimento para revisar la causa del imputado.
Exjefe de la policía civil fue formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, tras ser acusado de la apropiación de $ 146 millones de gastos reservados de la institución. La jueza señaló que “se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos de su propia institución a sus arcas personales” y que “su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Lamentablemente, la institución que contaba con la más alta confianza ciudadana según la encuesta CEP 2021, se ha visto afectada por este grave escándalo. De poco sirvió la capacidad que esta tuvo para navegar en tiempos turbulentos como lo fueron las protestas del estallido y los fructíferos esfuerzos por mejorar la imagen de la institución.
Sólo en noviembre de 2020, en plena pandemia, y siete meses antes de que Héctor Espinosa terminara su mandato en la policía civil, llegó a manos del Ministerio Público el primer reporte de la Unidad de Análisis Financiero luego que uno de los bancos en que él era cliente diera la alerta de eventuales maniobras atribuibles a lavado de dinero fechadas tres años antes. Sobre las respuestas que dio el exnúmero 1 de la PDI a la entidad financiera, los millones en efectivo habrían sido viáticos y pagos de la mutualidad de la que era miembro y que también está en el foco de otra causa penal. El 29 de junio fue citado a declarar como imputado, pero el expolicía guardó silencio.
El subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca Inostroza declaró ante la fiscalía y personal del OS-7 de carabineros en junio pasado y se convirtió en un testigo clave de las maniobras que se indagan respecto al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, quien será formalizado en los próximos días por presuntos delitos de corrupción. En total se investigan 53 depósitos en efectivo por cerca de $140 millones que provendrían de gastos reservados, pero que habrían sido usados para su beneficio personal.
La agenda de Héctor Espinosa -hoy indagado por presunta malversación de más de $ 140 millones en gastos reservados- registra que en varias oportunidades recibió en el cuartel central de la policía civil la visita de altos ejecutivos que le pidieron explicaciones por una serie de depósitos en efectivo que mensualmente ingresaban a su cuenta personal. Según el testimonio de uno de los gerentes, ante estas consultas, "se manifestó un poco molesto".
El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que -según el expediente- ingresó el exmandamás de la policía civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del SII. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre $ 1 millón, $ 5 millones y en una oportunidad hasta $ 20 millones en puros billetes. El CDE ya presentó la querella y la justicia se alista a fijar audiencia en contra de la exalta autoridad de la PDI.
