A los 77 años falleció el litigador y fundador de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)
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La conocida ecologista Sara Larraín publicó esta semana su libro Ecología y política, que dedicó a las hermanas pehuenches Berta y Nicolasa Quintreman, opositoras a la central Ralco. La excandidata presidencial repasa algunos episodios traumáticos de sus 40 años como activista ambiental y hace un llamado a la acción. “Hoy la gente lo está pasando pésimo por el cambio climático y por el Covid, pero la cosa puede ser peor”, dice.
La eléctrica busca deshacerse de los derechos de las iniciativas hidroeléctrico Allipén, Claro de Rengo y Teno, que en su conjunto suman 115 MW.
Tras la liquidación de la sociedad, decisión oficializada el pasado 17 de noviembre al mercado, las compañías decidieron qué hacer con las 10.000 hectáreas que formaban parte de los activos que tenía la sociedad creada en 2006 y que incluían los predios adquiridos en 2014.
El abogado estadounidense, defensor de las causas ambientales y uno de los personajes clave en la batalla contra HidroAysén, celebró la decisión de Enel y Colbún de poner fin al proyecto. Confiesa que en su cruzada se reunió con muchos líderes políticos, incluyendo a la Presidenta Bachelet, y que espera que en la Patagonia se monetice la belleza de su paisaje de una manera sostenible.
Directorio de la compañía determinó que el monto de la inversión hace que esta no sea factible económicamente. Tampoco apelarán a fallo del Tribunal Ambiental.
Ambas eléctricas ratificaron la cancelación del controvertido proyecto hidroeléctrico mediante hechos esenciales enviados a la SVS.
US$ 250 millones aproximadamente es el monto de inversión en el fallido proyecto. Provisiones realizadas por la ex Endesa y Colbún, serían "suficientes" para liquidar sin problemas la sociedad.
Si bien Enel Chile ya había confirmado la motivación de las conversaciones con la eléctrica del grupo Matte, durante la semana la misma compañía indicó en un conference call que al entregar los derechos por el uso del agua de los ríos Baker y Pascua se podrían ahorrar cerca de US$ 3 millones por concepto de pago de patentes.
