Se trataría de una transferencia monetaria de carácter autónoma, masiva y focalizada en los trabajadores formales con ingresos mensuales dentro del tramo exento del impuesto a la renta que va hasta $825.620 (13,5 UTM o menos). La medida tendría un elevado costo fiscal de US$ 3.375 millones, para el cual plantean un conjunto de fuentes de financiamiento.
Bajo el alero de cuatro think tanks -Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, IdeaPaís e Instituto Libertad- y en un ambiente muy distinto al que rodeó la negociación municipal, así comienza a tomar forma la propuesta municipal -y presidencial- de Chile Vamos.
Fue editado y liderado por la colaboradora del centro de estudios Javiera Parada.
De acuerdo con un análisis realizado por Horizontal, centro de pensamiento ligado a Evópoli, el estancamiento del crecimiento económico que ha sufrido el país ha implicado que el proceso de convergencia entre Chile y el mundo desarrollado se esté revirtiendo. “Hasta el 2013 en Chile el PIB per cápita alcanzó el 59% del PIB per cápita de Estados Unidos. Desde ahí la tendencia se revirtió y hoy alcanza al 56%”, señala el informe. Hoy el chileno llega a casi US$26 mil medido a paridad de poder de compra y en términos reales.
Un informe de Horizontal estimó el costo de condonar toda la deuda del CAE en US$11.270 millones a julio de 2023. El centro de pensamiento, ligado a Evópoli, simuló distintos escenarios del impacto fiscal que significaría “el perdonazo” al Crédito con Aval del Estado, medida que el gobierno quiere impulsar el próximo año. La entidad afirma que se trata de “una política altamente costosa y regresiva”.
El informe del centro de estudios vinculado a Evópoli asegura que “el trabajador formal promedio del primer quintil de ingresos paga siete veces más si la solidaridad se financia con cotizaciones que si se financia con impuestos generales”.
En el texto se dividen entre medidas de corto y mediano plazo. “El primer paso para avanzar en una mejor regulación de las transferencias del Estado debiese ser clasificarlas y generar un informe consolidado que permita tener una visión holística sobre el funcionamiento de la relación del Estado con la sociedad civil en las labores sociales”, señala el documento.
El documento, que tiene foco en la modernización del Estado, también propone establecer un canal de denuncia de corrupción electrónico y un sistema de protección a víctimas, testigos y denunciantes de corrupción.
El centro de estudios elaboró un documento donde analiza la ley corta que presentó el gobierno y señala que la propuesta de fortalecimiento de Fonasa "se construye sobre supuestos cuestionables, lo que hace dudar de su viabilidad". Sobre el fallo de la Suprema, afirma que "en lugar de interpretar que el fallo es de aplicación general, contrario a nuestro ordenamiento jurídico, el gobierno podría interpretar que el fallo es de aplicación relativa, con lo cual la deuda de las isapres asociada al fallo se reduciría considerablemente”.
El análisis menciona que entre 1990 y 2021, el salario mínimo en términos reales se expandió 232% y la productividad laboral lo hizo en 175%. Asimismo, indican que desde 2010 el salario mínimo en términos reales ha crecido un 47%, mientras que el índice de remuneraciones reales lo ha hecho en 25%.
En un informe del centro de estudios señalan que “una buena política del litio es aquella que tiene como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado, donde los primeros logran revelar los cuellos de botella que no permiten que la industria se desarrolle y el Estado, por su parte, apoya con instrumentos para lograr sortearlos”.
El documento "Ministerio Público, análisis y propuestas" de la organización, plantea 16 propuestas para mejorar el trabajo de la fiscalía. Lo anterior, ante el bajo número de funcionarios, así como también los resultados que obtienen las investigaciones, las cuales cada vez adoptan más salidas no judiciales, toman más tiempo y han aumentado el número de causas sin un imputado conocido.
En Horizontal realizaron un análisis del impacto que generaría el avance de un sexto retiro. En ese estudio se afirma que implicaría que saldría el 12% del total de los fondos de pensiones, lo que equivale a más de $13.500 mil millones (unos US$16.662 millones de dólares). Asimismo, el 28% del total de dinero que se retira se lo lleva el 20% más rico y, el 20% más pobre, corresponde al 8%.
El think tank cercano a Evópoli calculó que la mayor parte de los artículos del borrador constitucional que propone la Convención requerirían de "elevados quórums" para ser reformados por el actual Congreso. Estiman que a partir de 2026, el 57% de los artículos de la nueva Carta Magna necesitaría de 2/3 de los integrantes de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados -o 4/7 y un plebiscito- para ser modificados.
Un estudio de Horizontal concluye que para restituir los fondos que se sacarían hay que postergar la edad de jubilación entre 2 y 4,4 años, o subir la cotización en hasta 13 puntos porcentuales.
