El escrito tipifica y penaliza canónicamente, por primera vez, los actos de encubrimiento, da un plazo de 90 días para las investigaciones y fija cómo abordar denuncias contra obispos.
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La Fiscalía Nacional reasignó la indagatoria que sigue por eventuales abusos y encubrimientos en la Iglesia. Desde ahora la encabezará el persecutor Xavier Armendáriz.
El documento también exige a todas las diócesis del mundo la creación antes de junio de 2020 de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia.
La acusación detalla cuatro casos en que el sacerdote Óscar Muñoz habría abusado y violado a menores de edad, aprovechándose de su calidad de guía espiritual, entre 2006 y 2018. El Ministerio Público presentará a 49 testigos, entre ellos, las víctimas y al obispo Galo Fernández, actual administrador apostólico de la Diócesis de Talca.
Mediante un comunicado, desde la Iglesia informaron que "nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio. Nuestro objetivo fue explicitar en un documento formal con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a colaborar más allá de lo que la sola ley estipula".
Desde el Ministerio Público, en tanto, indicaron que "evaluarán" el acuerdo llegado con la Conferencia Episcopal y que tratarán de reparar las relaciones con quienes hoy son denunciantes.
En el documento se alude además a la necesidad de reforzar la fiscalía regional dado que Moya Domke, a cargo de Alta Complejidad, fue designado en forma exclusiva a dos causas. Fue enviado ocho días antes de que el Fiscal Nacional sellara un polémico convenio con la Iglesia por causas de abuso sexual.
Hoy, a las 16.30, serán recibidos en la Fiscalía Nacional para abordar el documento suscrito el martes. Representantes de las víctimas pedirán que se anule el convenio.
Al igual que franciscanos y mercedarios, argumentaron que todavía están analizando el documento, suscrito el martes.
Entre otras cosas, señala que "el principal objetivo de esta medida es permitir el acceso a justicia y el ejercicio de los derechos de todas las víctimas de delito, junto con ejercer de mejor forma la persecución penal, al buscar determinar la comisión de hechos posteriores que sí sean de competencia del actual sistema de justicia penal, o que hayan provocado el efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto en el Artículo 96 del Código Penal".
En una misiva enviada a los miembros de la congregación, Cristián del Campo se refirió a los dichos de la denunciante de Renato Poblete Barth, Marcela Aranda, y aseguró que "haremos todo de nuestra parte para garantizar la investigación".
El directorio dio un plazo de cuatro meses para que el obispo pueda "solucionar su problema" con la Catedral Evangélica. De momento, a cargo de la iglesia a nivel país quedó el pastor Daniel Balladares. La decisión respecto del futuro del obispo se resolverá en una conferencia extraordinaria de pastores después del 30 de agosto.
Junto con acordar mayor celeridad en la entrega de antecedentes por denunciantes y mayor resguardo de la privacidad de las víctimas, se entregó un nuevo balance de las investigaciones por abusos, en el que aumentaron los investigados y las víctimas.
Marcela Aranda, en entrevista con AhoraNoticias, además afirmó que el expárroco del Hogar de Cristo la obligó a abortar en tres ocasiones.
