Considerando que conversaciones extraídas desde el celular del exjuez Juan Antonio Poblete, en el denominado caso Operación Topógrafo, revestirían características de delito, el organismo solicitó también en su querella (que acordó el pasado lunes) que la Fiscalía tome declaración a la diputada Sofía Cid (RN), al exministro Hernán Larraín (UDI), al exjefe de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal y al exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela.
La determinación surge a raíz de antecedentes que dieron cuenta de presuntas gestiones irregulares para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.
Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.
El exoficial, que fue detenido ayer, debe cumplir una pena de 15 años y un día, por la autoría de los homicidios y de 10 años y un día como autor de los secuestros.
El Juzgado de Garantía de Arica accedió a la solicitud del fiscal Mario Carrera de acceder a todas las atenciones médicas, datos de atención de urgencia, epicrisis y anamnesis de L.J.G.S. y B.S.A.L, que siguen internados en el Hospital Militar. Dado lo establecido en la ley de derechos del paciente, los datos se mantenían bajo reserva.
Consuelo Contreras acusó que “estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos por una autoridad que cometió delito en contra de ellos".
El consejo del organismo se trasladará este lunes hasta Arica donde se reunirá con una serie de autoridades de salud, comunales y del Ministerio Público, para abordar el caso donde Franco Vargas perdió la vida tras una instrucción militar.
En el recurso legal presentado por el delito de “apremios ilégitimos”, se señala que los soldados “fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo" y que "recibían maltrato verbal permanente con frases homofóbicas o de connotación sexual", entre otras graves denuncias.
Desde el organismo apuntaron que en este caso, que terminó con otros jóvenes hospitalizados por las características de la instrucción, "hubo derechamente una violación a los derechos humanos".
El 2019, Francisco Gatica denunció que había recibido proyectiles de las escopetas antidisturbios de Carabineros en medio de una manifestación registrada en Temuco, el 22 de octubre de ese año. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos (INDH) lo denunció luego de que se determinara que las lesiones fueron causadas por un accidente de tránsito en otro contexto.
Además, Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "lo que ocurrió con este caso, es una muestra de lo importante que son las comisiones calificadoras".
Se trata de un falso denunciante de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019, en la Región de La Araucanía, quien obtuvo una pensión de gracia.
Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al CDE que evalúe las acciones legales pertinentes por obtención fraudulenta de beneficios estatales, además de buscar la restitución de fondos.
El organismo, además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público al determinar que la persona mintió al declarar que había sido víctima de agresiones por parte de un agente del Estado. La institución dirigida por Consuelo Contreras comprobó que el supuesto afectado había sufrido un accidente de tránsito.
La directora del INDH visitó la región acompañada del defensor de la Niñez. Ahí, ambos señalaron estar "muy preocupados" por la situación de la zona.
