En la resolución firmada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se hace referencia a que los informes del exfrentista muestran que “mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en Ia sociedad”. Desde la oposición no descartan pedir su revisión ante el Tribunal Constitucional. Pese a los reparos jurídicos que hace Chile Vamos, desde el gobierno aseguran que el documento no tiene problemas de legalidad.
