El Ejecutivo presentó dos documentos ante el Tribunal Constitucional donde se expresan los argumentos para conceder siete indultos, lo que fue impugnado por parlamentarios de oposición.
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La solicitud había sido ingresada el pasado 9 de enero por la UDI solicitando al organismo liderado por Jorge Bermúdez pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos.
Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Chile Vamos, por lo que la instancia deberá discutir respecto a si siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado están dictado según las exigencias que impone la ley. Como nunca antes una controversia así llegó al TC, será la primera vez que los ministros se pronuncien si el Mandatario fundó bien los decretos o no. En todo caso, la mayoría de los consultados sostiene que ninguno de los beneficiados podría volver a quedar preso, ya que no son culpables de los eventuales errores de un tercero, en este caso el Gobierno.
La presentación fue rechazada este miércoles por 84 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. La votación era uno de los respaldos más bajos que ha logrado un libelo contra un ministro de Estado, lo que, a juicio de varios diputados opositores, abre una profunda reflexión y autocrítica en la derecha respecto del uso de las acusaciones en un futuro próximo.
Organismo acogió a tramitación los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por el grupo de legisladores de Chile Vamos y Demócratas en relación a los decretos supremos que concedieron el beneficio a Jorge Mateluna y a otros seis condenados por delitos del estallido.
En concreto, las colectividades de oposición acudieron al organismo para impugnar los decretos supremos que concedieron el beneficio a Jorge Mateluna y a otros seis condenados por delitos del estallido social.
El secretario de Estado insistió en la correcta aplicación del beneficio presidencial y adelantó posibles problemas para la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, por la presentación que hizo un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional.
Los parlamentarios invocan el artículo 53 de la ley que regula los actos administrativos del Estado. Al hacer uso de esta potestad, el partido que lidera el senador Francisco Chahuán forzará a que el Presidente tenga que pronunciarse y hacerse cargo de la petición.
Por 66 votos a favor fue aprobada la instancia que, se espera, esté constituida a partir de marzo y a la cual se pretende invitar, entre otros, a la exministra de Justicia Marcela Ríos y a Matías Meza-Lopehandía, ex jefe de gabinete del Presidente Boric.
Un 43% dijo que el Presidente Boric debiera revertir el beneficio en el caso de quienes tienen prontuarios previos al estallido y un 37% es partidario de revocarlos todos.
Respecto a la polémica de los indultos, el sondeo revela que un 72% está de acuerdo con revocar el beneficio a Jorge Mateluna. A la vez, un 79% considera que las renuncias de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, han sido insuficientes para dar por terminada la crisis política.
Los indultos a presos del estallido social y un exfrentista pusieron abrupto término a lo que los sectores más duros de la derecha denominaban una eterna “luna de miel” de la oposición con el gobierno. Se activaron acusaciones constitucionales y ofensivas en el Tribunal Constitucional y Contraloría y la duda es si el impulso volverá a poner en sintonía en el proceso constitucional 2.0 a las fuerzas políticas que el año pasado votaron Rechazo.
Erigido como una de las figuras políticas mejor evaluadas según la última encuesta CEP, el edil RN no descarta probar una aventura presidencial. Analiza el estado actual de la derecha y critica con fuerza el manejo del orden público por parte del gobierno. "Hay que volver a la mesa de seguridad, más allá de que estemos indignados con los errores que ha cometido el gobierno con los indultos", dice.
El diputado del partido del Presidente Gabriel Boric asegura que el traspié del gobierno está más motivado por las “desprolijidades” cometidas en el anuncio de indultos, que por la decisión misma. En ese escenario, plantea que el desafío de sostener al Ejecutivo supone -para ambas coaliciones- que las intenciones de sobresalir por sobre otra se vuelvan “secundarias”.
La titular de Interior explicó que "no hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos respecto a cómo fue hecho el proceso".
