Previamente, un grupo de diputados UDI ofició a la Contraloría, denunciando que los inhibidores funcionan por un tiempo acotado. El secretario de Estado negó las acusaciones y comentó que los legisladores pudieron estar mal informados al respecto.
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El sistema está en ejecución en la ex-Penitenciaría, en Santiago Uno y en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS). Según se detalló, la tecnología es israelí y no solo permite bloquear la señal al interior de los recintos penales, sino que también detecta y puede georreferenciar cuando ingresa al perímetro un teléfono celular o chip.
El secretario de Estado se refirió además a la instalación de inhibidores de señal telefónica en los recintos penitenciarios.
Institución también dispuso la imposibilidad de que sus funcionarios salgan de la Región Metropolitana. La Corte de Apelaciones de San Miguel, en tanto, acordó que visitas semanales que realizan jueces al penal se hagan por vía telemática.
A falta de menos de una semana para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el gobierno para iniciar el proceso, el ministro de Justicia dice que los plazos siguen intactos y que "todas las medidas de prevención, para evitar cualquier tipo de inconveniente en la implementación, nosotros las hemos venido adoptando con Gendarmería, en coordinación con Carabineros y otras instituciones vinculadas”.
La medida busca evitar que los reos puedan realizar o dirigir actos criminales desde el interior de los penales públicos. La secretaria de Estado destacó que al conseguir los inhibidores de señal a través de esta licitación, evitará al gobierno pagar el alto costo que tienen estos dispositivos.
