Los parlamentarios cuestionan que, de las 2.809 causas en las que la institución ha intervenido, solo 51 han resultado en condena.
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El máximo tribunal determinó que el requerimiento presentado por 11 diputados de Chile Vamos, en contra de Consuelo Contreras y Francisco Ugás no cumplía con los requisitos exigidos para estimar que "existe la negligencia manifiesta e inexcusable" del cargo de ambos consejeros.
Once diputados de oposición pidieron que sea removida luego de que el INDH decidiera querellarse en el caso de Operación Topógrafo. El pleno del máximo tribunal también escuchará los alegatos del abogado del consejero Francisco Ugás.
En el consejo del pasado lunes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, planteó que fuera el organismo el que asumiera los costos de su defensa ante las dos instancias judiciales que la acechan. La idea no fue acogida y finalmente se informó que ella se hará cargo de los honorarios.
La solicitud de la ANMM se da luego que el Consejo del INDH decidiera querellarse por el presunto delito de tráfico de influencias en un nombramiento de la Corte Suprema.
El exministro de Defensa sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaría actuando fuera de su marco legal al presentar la acción judicial. Además, arremetió en contra de Ximena Chong por tener “hace más de un año” un informe que “no tiene ninguna connotación especial”, y la acusó de exponerlo en medio de su carrera por disputarle la alcaldía de Santiago a Irací Hassler (PC).
Los parlamentarios apuntaron a que la acción de los consejeros fue "ilegal". Además, acusaron que "parece un acto de campaña en favor de Irací Hassler".
Además, Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "lo que ocurrió con este caso, es una muestra de lo importante que son las comisiones calificadoras".
Consuelo Contreras manifestó que desde la institución mirarán “con atención” las definiciones del Cosena, instancia que fue convocada por el Presidente para el lunes.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, le informó al Mandatario que no contaban "con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar" los daños que sufrieron los presuntos afectados en el marco del estallido social. Además, acusó que "la inclusión de nuevas funciones (...) representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.
El subsecretario del Interior señaló que los informes entregados por la Contraloría en diciembre tenían carácter de confidenciales y que los delitos que enumeró en ellos no los vinculó a ninguna persona en particular.
Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.
A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
El ministro Segpres abordó la propuesta de la directora del INDH de considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur. "El espacio para debatir estas alternativas es la Comisión por la Paz y el Entendimiento", dijo el secretario de Estado.
La arremetida se produce luego de que Consuelo Contreras afirmara que es necesario considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco, en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur.
