De acuerdo a la Dipres, al comparar lo que está identificado como inversión pública a fines de febrero, en relación a igual mes del año anterior, se observa un incremento de 1,5%.
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Los cambios permitirán agilizar la inversión pública, eximiendo de ciertos requisitos a proyectos de menor envergadura, especialmente los presentados por municipalidades, que tienen alto impacto social. Incluye medidas para eximirse de la evaluación ex ante para proyectos menores a 5.000 UTM.
En el componente inversión del gasto capital, se registró un crecimiento de 2,2% respecto a la ejecución acumulada a noviembre del año anterior anotando un avance de 56,5% frente a 53% de 2022. Sobre el gasto de capital para Educación, la ejecución acumulada a noviembre disminuyó 6,3% real debido a la menor ejecución en transferencias de capital para establecimientos de educación parvularia (Convenio Integra) y la falta de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales (PFUE),
Entre las medidas se incluye una mayor flexibilidad en el manejo de recursos de parte de los gobiernos regionales, pero con su debida rendición de cuentas. Asimismo, se agilizarán los tiempos en apertura presupuestaria de proyectos de 30 días a 20 días, y en modificaciones presupuestarias, pasando de 45 días a 20 días. También se permitirá que los gobiernos regionales puedan ejecutar sus proyectos directamente.
De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, este año la inversión acumulada a agosto alcanzó más de $4,5 billones, "lo que es superior a lo registrado al mismo mes en 2020, cuando se llegó a los $4,3 billones (en pesos 2022) incluso, es superior al dato logrado en el periodo 2012 – 2014 que promedió $4,05 billones". Un estudio de la UDP indicaba que la ejecución a agosto de ese tipo de gasto era la menor desde 2012.
El escenario macroeconómico que enfrentará el ministro de Hacienda Mario Marcel y su equipo para elaborar el primer erario fiscal de la administración Boric no se anticipa auspicioso. Las perspectivas de crecimiento para el próximo año apuntan a una contracción y, por ello, la inversión pública deberá adoptar un rol protagónico para ayudar a apuntalar la actividad.
En su discurso el mandatario anticipó un gasto total de US$ 73.234 millones, con un incremento de 9,5% con respecto a 2020, y un aumento de 14,9% en la inversión pública.
El economista Jorge Rodríguez recomienda que “apenas la condición sanitaria lo permita, el Estado debería cambiar de estrategia y (...) reemplazar entrega de bonos directos por generación de empleo”. Añade que el CFA sugiere “hacer una reasignación el próximo año que privilegie la inversión pública en vez de gasto corriente”.
Asimismo, deberían fortalecer sus beneficios por desempleo y sus redes de seguridad social para revigorizar el crecimiento económico, indicó el organismo.
También se originó un intenso debate respecto de la posibilidad de elevar la deuda para generar más inversión pública.
Los anuncios buscan acelerar la firma de decretos y permisos para obras públicas tradicionales y la agilización del plan de concesiones para el inicio y licitación de proyectos en el período 2019-2020. El ministro Juan Andrés Fontaine precisó que en el segundo semestre de 2019 se destinarán US$200 millones.
El año pasado, el gasto de capital cayó a -3,1% por segundo año consecutivo, mientras que el gasto corriente se ubicó en 6,5%, su mayor nivel desde 2010.
Estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas UC arrojó que existen problemas que retrasan los proyectos en todas sus etapas: diseño, licitación y ejecución. El reporte planteó medidas para mejorar el desarrollo de las obras.
En términos acumulados, este tipo de gasto en particular se contrae un 7,9% real en los primeros 10 meses del año.
