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En su declaración ante el Ministerio Público, Loreto Fernández, otrora funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, entregó nuevos antecedentes respecto de la existencia de un grupo en la aplicación de mensajería en que se sospecha se coordinaron precios que luego Contraloría declaró "abultados". Según sostuvo fue Luis Mayorga -entonces jefe de Secplan- quien le pidió crear el grupo para apurar el proceso. "Era demasiado importante el tema de cortar cintas", dijo respecto a la fallida "clínica municipal" que levantó la administración de Irací Hassler.

El fiscal Patricio Cooper ofició a la alcaldesa de Santiago para que remita documentos y tasaciones relacionados a las adquisiciones efectuadas en 2021 y 2022. Asimismo, se pedirán nuevos antecedentes sobre el patrimonio del dueño de la exclínica, luego de que la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía determinara que no registra pago de impuestos y que sus ingresos no estarían justificados.

En los testimonios entregados en las últimas semanas ante la Fiscalía por parte del exdirector Jurídico, la exdirectora de Salud y la arquitecta que contactó y recibió los informes de los tasadores, aparece reiteradamente el nombre de Luis Mayorga como el hombre que encabezó el proceso de negociación y firma del contrato para la fallida adquisición del centro médico. Por el momento, Mayorga decidió guardar silencio ante el fiscal Patricio Cooper.

Dos días antes de que la Municipalidad de Santiago suscribiera el contrato de compraventa del recinto con la Inmobiliaria San Valentino, por más de $ 8.200 millones, el abogado Diego Berríos -representante de otro oferente- le envió a la jefa comunal antecedentes respecto de las irregularidades que cruzaban la transacción. Fueron las mismas advertencias que el 17 de enero le hicieron a Luis Mayorga, aunque éste les indicó que conocían todos los detalles desde abril de 2022. Ahora el Ministerio Público busca acreditar si los datos efectivamente fueron recepcionados por la militante PC y qué hizo con esta alerta. Su defensa asegura que la autoridad ya le explicó a la fiscalía que "no vio el correo antes del Concejo" en que se visó la adquisición.

De acuerdo con lo expuesto por los querellantes, la declaración de Santiago Urzúa les vino a confirmar la serie de sospechas que tenían ante la fallida compra del inmueble. Como indicaron, se demuestra que se intentó abultar los montos de compra de manera intencionada.

El representante de los dueños del primer inmueble que evaluó la administración de Irací Hassler para instalar una clínica municipal, Santiago Urzúa, declaró ante efectivos de la PDI y aportó una serie de antecedentes que dan cuenta de las gestiones realizadas por el exjefe de la Secretaría de Planificación Luis Mayorga, quien fue despedido por la alcaldesa tras estallar el caso. Además dijo que pese a que le advirtieron que había un abultado sobreprecio en la compra de Sierra Bella, el funcionario les manifestó que estaban al tanto de todo.

La ceremonia se realizó en Plaza Panamá, el lugar en el que la víctima se encontraba jugando con su hermana, antes de ser alcanzada por un proyectil.

En un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Santiago ante el máximo tribunal, la administración de Irací Hassler aseguró que le parece "grave" que el primer fallo no se pronuncie respecto a la responsabilidad que recae en otras reparticiones del Estado. En una nueva estrategia judicial del municipio, el texto ingresado apunta a que es la Delegación Presidencial dirigida por Constanza Martínez la encargada del orden público.

La jefa comunal anunció que el próximo 29 de octubre en la comuna de Santiago se conmemorará el primer Día internacional de Cuidados, que proclamó Naciones Unidas.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Municipalidad de Santiago aprobó el renombre de la calle "Santa Mónica", de Barrio Yungay, lugar donde hasta 1975 funcionó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile para acoger a quienes eran perseguidos por la dictadura. Exfuncionarios de la organización han buscado frenar el cambio puesto que este provocaría "eliminar" la memoria, más que relevarla. Santiago confirmó que la decisión ya está tomada y que durante los próximos meses instalarán placas conmemorativas en el sector para "visibilizar a organismos de defensa de Derechos Humanos".

La alcaldesa Irací Hassler señaló que actualmente más de 3 mil párvulos se encuentran en lista de espera para ingresar a un establecimiento.

La alcaldesa de Santiago apuntó a la necesidad de que hechos de violencia grave sean también investigados y sancionados penalmente.

El mejoramiento de la zona también incluyó la instalación de nuevos semáforos, guardias de seguridad permanentes, así como también cámaras de televigilancia y la recuperación de un jardín de 5 mil metros cuadrados.

“Este ha sido un trabajo colectivo que ha permitido tener cinco días de celebración segura, familiar, amable”, destacó la alcaldesa Irací Hassler.

Entre 2019 y 2023, un total de 28 menores de edad han sido detenidos y condenados por lanzar bombas molotov en Santiago. De ellos, 20 casos ocurrieron al interior o en las inmediaciones de los llamados "liceos emblemáticos", entre los que el Liceo de Aplicación lleva la delantera. Sin embargo, las bajas penas y los beneficios aplicados a los adolescentes han derivado en que gran parte de ellos no reciban acompañamiento o intervención desde programas especializados del Estado. En paralelo, sigue siendo un misterio cuántos de ellos han sido expulsados o reubicados en otros establecimientos educacionales.